La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, salió este lunes 20 de julio de 2026 en defensa del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, al calificarlo como un «preso político» y denunciar una supuesta persecución por parte del gobierno federal. La legisladora panista acusó a la administración actual de desviar la atención pública sobre la red de corrupción vinculada al huachicol fiscal y a los audios filtrados de la gobernadora Marina del Pilar Ávila.
López Rabadán sostuvo que resulta una ofensa a la inteligencia de los mexicanos que Ruffo sea el único encarcelado por este esquema, cuando, según ella, no ocupaba ningún cargo público en el momento de los hechos que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR). “Hay un entramado de autoridades municipales, estatales y federales que permiten que ingrese, se distribuya y se venda el huachicol fiscal sin pagar impuestos. Para que eso ocurra se requiere la colusión de autoridades, no de ciudadanos sin cargo”, afirmó.
La diputada argumentó que el contrabando de combustibles sólo puede operar con la participación o la omisión de funcionarios en distintos niveles de gobierno, quienes, dijo, “se están haciendo multimillonarios” mientras el Estado pierde recursos que deberían destinarse a servicios públicos como escuelas, hospitales y seguridad.
En este contexto, insistió en que las investigaciones deberían enfocarse en quienes “firman, autorizan y permiten el huachicol”, y no en el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México. “Hay grandes reclamos en nuestro país y no es metiendo a un preso político a la cárcel como se van a solucionar esos problemas”, declaró. Añadió que la detención de Ruffo es “una cortina de humo y una afrenta a la democracia” y “una afrenta a la historia de nuestro país”.
Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, también denunció una “cacería de brujas” contra la oposición y exigió que la gobernadora Marina del Pilar Ávila solicite licencia para facilitar las investigaciones sobre el presunto contrabando de combustibles.
Desde Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, rechazó este lunes 20 de julio que exista una aplicación selectiva de la justicia y aseguró que la detención de Ruffo responde exclusivamente a las investigaciones de la Fiscalía General de la República por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles, descartando cualquier motivación política en el caso.
Este episodio se suma a la creciente percepción de desorden y falta de transparencia en la administración pública, que afecta la confianza ciudadana y complica la gobernabilidad en un país que demanda orden y respeto a la ley. Mientras tanto, la polémica en Baja California y la capital federal continúa, en un escenario donde la política y la justicia parecen entrelazarse en un juego de poder que preocupa a quienes anhelan una ciudad y un país funcionales y con respeto a las instituciones.
