En su conferencia mañanera del viernes 17 de julio de 2026, Claudia Sheinbaum rechazó categóricamente que la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, por presuntos delitos relacionados con huachicol y crimen organizado, responda a una “justicia selectiva” o a un asunto político.
La jefa de gobierno recordó que Felipe Calderón, quien ha sido crítico del exmandatario, ahora acusa que existe un trato diferenciado en la aplicación de la ley, señalamiento que Sheinbaum negó de manera tajante. “Es falso que haya un asunto político aquí. Es derivado de una investigación que tiene un año”, afirmó la funcionaria, subrayando que la acción de las autoridades es resultado de un proceso de investigación prolongado y no de intereses partidistas.
Este pronunciamiento se da en un contexto donde la percepción ciudadana sobre la justicia y el orden público se encuentra en tensión, y donde la autoridad debe demostrar que la ley se aplica con rigor y sin favoritismos. La detención de Ruffo, un personaje con historial político relevante, pone a prueba la credibilidad del sistema judicial y la capacidad del Estado para combatir delitos que afectan la seguridad y la economía nacional, como el robo y distribución ilegal de combustible.
En un país donde la impunidad ha sido un lastre histórico, la insistencia en la transparencia y la legalidad es fundamental para recuperar la confianza social y garantizar un orden que permita a la ciudadanía vivir en una ciudad y un país funcionales, con respeto a las instituciones y a la ley.
