El pasado 20 de abril, la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla (UPMP) firmó un convenio de colaboración con la asociación civil ITEBIO A.C., representada por Rafael Zabalza, con el propósito de impulsar proyectos académicos, científicos, tecnológicos y culturales. Sin embargo, este acuerdo ha generado una fuerte controversia tras la detención de Rafael Z., señalado por las autoridades como presunto responsable de los ataques armados contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl.
Aunque la Fiscalía no ha confirmado si el detenido y el representante de ITEBIO A.C. son la misma persona, diversos reportes periodísticos han vinculado ambos nombres, lo que ha puesto en entredicho la prudencia institucional al momento de establecer alianzas.
Este caso no solo expone la falta de mecanismos claros para revisar la vigencia de convenios cuando alguno de sus firmantes enfrenta investigaciones por delitos graves, sino que también reaviva la discusión sobre la responsabilidad de las instituciones públicas para preservar su prestigio y la confianza ciudadana.
Cabe destacar que Rafael Zabalza fue durante años un proveedor importante de medicamentos y equipo médico para el Gobierno de Puebla en administraciones pasadas, como las de Melquiades Morales y Mario Marín, un dato que añade complejidad al contexto del caso.
Hasta hoy, la UPMP no ha emitido ningún posicionamiento oficial ni ha informado si el convenio firmado en abril permanecerá vigente o será revisado a la luz de estos acontecimientos.
Este episodio pone en evidencia la urgente necesidad de protocolos institucionales que permitan evaluar la continuidad o suspensión de convenios, siempre respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, pero sin descuidar la integridad y el orden que deben regir en las instituciones públicas. En un entorno donde la seguridad y el orden urbano son cada vez más amenazados, la transparencia y la responsabilidad institucional son indispensables para evitar que la ciudad se convierta en un espacio caótico y saturado.
