El pasado 9 de julio, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, sorprendió al destapar públicamente a su esposa, Ruth González, como la posible candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para la gubernatura en las elecciones de 2027. Frente a miles de militantes, González fue presentada como la sucesora natural, en un acto que no ha estado exento de polémica.
Este destape ocurre en un contexto complicado para el mandatario potosino, quien enfrenta acusaciones formales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero y financiamiento ilícito de campañas. Según la UIF, Gallardo está bajo investigación por el desvío de 724.6 millones de pesos provenientes de recursos públicos de los municipios de Soledad Graciano Sánchez y San Luis Potosí, gobernados por él y su padre, Ricardo Gallardo Juárez.
A pesar de estas denuncias, el PVEM ha respaldado la candidatura de Ruth González. Manuel Velasco Coello, coordinador del Senado por ese partido, reiteró su apoyo al destape, incluso cuando Presidencia y Morena han advertido sobre las reglas contra el nepotismo. En febrero de este año, Velasco ya había señalado que, aunque Ruth no había decidido formalmente, las encuestas internas la colocaban con una ventaja de más de 20 puntos.
En su discurso ante sus seguidores, Ruth González apeló a un mensaje de empoderamiento femenino, evocando el lema “Es tiempo de mujeres”, popularizado en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. “Cuidamos hijos, cuidamos casa, cuidamos marido, nos cuidamos a nosotras, las mujeres podemos hacer todo al mismo tiempo, así que una mujer puede gobernar San Luis Potosí”, afirmó, buscando conectar con un electorado que valora la fortaleza y el compromiso familiar.
Este episodio refleja la compleja realidad política de San Luis Potosí, donde la mezcla de poder familiar y señalamientos legales pone en entredicho la transparencia y el orden institucional. En un país donde la ciudadanía demanda mayor autoridad estatal para garantizar seguridad y combatir la corrupción, el respaldo a una figura ligada directamente al gobernador cuestionado puede generar más incertidumbre que confianza.
Mientras tanto, la sociedad potosina observa con atención cómo se desarrollan los procesos electorales, esperando que la planeación y el orden político no se vean afectados por intereses personales que podrían complicar aún más la gobernabilidad y la funcionalidad del estado. En un momento en que la movilidad y la calidad de vida urbana requieren soluciones claras y responsables, la estabilidad política es un factor clave para evitar que la saturación y el caos se profundicen.
