La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha puesto en entredicho una de las hipótesis más polémicas y mediáticas en la historia reciente de México: la supuesta participación directa del Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En su nueva Recomendación 208VG/2026, presentada recientemente, el organismo concluye que no existen pruebas suficientes para sostener que los militares hayan ejecutado una desaparición forzada masiva ni una operación de represión política contra los jóvenes.
Este documento, que consta de 867 páginas, señala que la narrativa que ubicaba al Ejército como actor central en los hechos debilitó las investigaciones contra policías municipales, autoridades locales y el grupo criminal Guerreros Unidos, quienes, según la CNDH, tendrían una responsabilidad más directa en la tragedia.
La Comisión enfatiza que, pese a una exhaustiva revisión, no ha podido acreditar la participación directa de ningún elemento castrense en los actos de violencia ni en la desaparición original de los estudiantes. “Mucho menos como ha quedado dicho, la existencia de un plan específicamente diseñado para hostigar y eliminar a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa”, puntualiza el organismo.
No obstante, la CNDH considera indispensable concluir la investigación sobre una posible complicidad de mandos militares, aunque los señala como individuos y no como parte de una estrategia institucional. La información más reciente que pudo consultar la Comisión data de septiembre de 2025, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) mantenía abiertas investigaciones contra cuatro integrantes del Ejército por delincuencia organizada, y contra 17 elementos por delitos que incluyen desaparición forzada, homicidio calificado y tentativa de homicidio.
Cabe destacar que las acusaciones contra militares provienen principalmente de testimonios de testigos protegidos, quienes en su mayoría fueron integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, así como de conversaciones interceptadas y publicadas en el Primer Informe de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa (CoVAJ), las cuales han sido cuestionadas y en muchos casos invalidadas por diversos actores.
Por otro lado, la CNDH documenta que, según testimonios de estudiantes sobrevivientes, el día de los hechos policías municipales de Iguala y Huitzuco recibieron a golpes a algunos normalistas que descendieron del primer autobús, los sometieron y esposaron, evidenciando la participación directa de autoridades locales en la violencia.
Además, está comprobada la presencia de disparos y actos violentos en puntos clave del recorrido de los autobuses, protagonizados por elementos de la Policía Estatal y la Policía Federal.
Respecto a la autoría de la desaparición, la Recomendación apunta hacia dirigentes de Guerreros Unidos en colusión con autoridades locales, reforzando la idea de que la responsabilidad recae en actores criminales y políticos locales más que en el Ejército.
Incluso se cita un mensaje entre dos mujeres, Yaza y Karen, donde se menciona que un hombre “muy enojado” habría ordenado “recuperar su mercancía y eliminar a todos a discreción”, lo que sugiere la existencia de un plan criminal desde el ámbito del narcotráfico y la delincuencia organizada.
Este nuevo pronunciamiento de la CNDH, emitido en 2026, llega en un momento en que la sociedad mexicana sigue demandando justicia y verdad en uno de los casos que marcó un antes y un después en la percepción sobre seguridad, orden y autoridad en el país. La claridad sobre los responsables es fundamental para restaurar la confianza en las instituciones y avanzar hacia una ciudad y un país donde el orden y la legalidad prevalezcan.
