La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este miércoles 8 de julio de 2026 la apertura de nuevas investigaciones relacionadas con la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, un hecho que ha desatado una polémica de alto impacto en la relación bilateral y en la lucha contra el crimen organizado.
En conferencia de prensa, la fiscal Ernestina Godoy denunció que existen indicios de violaciones al derecho mexicano e internacional, derivadas de un supuesto acuerdo entre Ovidio Guzmán y autoridades estadounidenses para modificar su medida cautelar, además de permitir el ingreso a ese país de 17 familiares del capo sinaloense.
Este señalamiento cobra relevancia en un contexto donde la transparencia y el respeto a la legalidad son pilares fundamentales para mantener el orden y la autoridad estatal, valores que se ven amenazados cuando se sospecha de pactos al margen de la ley.
Godoy también acusó al entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, de haber negado la participación de agencias estadounidenses en la captura de “El Mayo”, afirmación que fue desmentida por un reciente reportaje periodístico que atribuye la operación al FBI.
“Todo apunta a que estaríamos de cara a tres situaciones graves: una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense, lo cual significa la transgresión al principio angular de la buena fe en las relaciones diplomáticas, previsto en diversos tratados internacionales”, declaró la titular de la FGR.
Este nuevo capítulo en la investigación pone en evidencia la complejidad y la opacidad que rodean la lucha contra el narcotráfico, y plantea serias dudas sobre la cooperación entre ambos países en materia de seguridad. En un momento en que la ciudadanía demanda orden y respeto a las instituciones, estas revelaciones podrían minar la confianza en las autoridades y complicar aún más la ya saturada agenda de seguridad nacional.
Mientras tanto, la sociedad observa con preocupación cómo estos hechos afectan la estabilidad y el funcionamiento de las instituciones encargadas de garantizar la ley y el orden, pilares indispensables para una ciudad y un país que aspiran a recuperar la tranquilidad y la movilidad funcional en su vida cotidiana.
