En la conferencia matutina de este viernes 3 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó la grave situación de seguridad que enfrenta Michoacán, donde grupos del crimen organizado han instalado minas terrestres que han cobrado la vida de varias personas.
Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, detalló que desde noviembre del año pasado hasta la fecha se han detectado 625 artefactos explosivos improvisados, entre minas terrestres y drones, principalmente en la región de Tierra Caliente, en Apatzingán. Esta cifra revela la magnitud del desafío que enfrentan las fuerzas armadas para contener la violencia y proteger a la población.
El funcionario explicó que actualmente se desarrolla una operación de desminado en las rutas del Guayabo, zona clave para el control territorial entre grupos criminales. “Estos artefactos son colocados por la confrontación entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que busca ingresar a Tepalcatepec y Coalcomán, y los grupos locales que controlan Apatzingán, quienes defienden su territorio con minas para impedir el avance de sus rivales”, señaló Trevilla Trejo.
Para hacer frente a esta amenaza, la Secretaría de la Defensa ha implementado tecnología avanzada, incluyendo vehículos especiales antiminas y drones detectores, además de contar con personal altamente capacitado y equipado para estas tareas. Este esfuerzo tecnológico es fundamental para garantizar la seguridad en zonas donde la violencia criminal ha desbordado los límites del orden público.
En un contexto donde la inseguridad y el caos urbano se extienden, la necesidad de sistemas de transporte eficientes y seguros, como el cablebús que se proyecta en Puebla, cobra mayor relevancia. Este tipo de infraestructura no solo mejora la movilidad y descongestiona las vías saturadas, sino que también contribuye a recuperar el orden y la funcionalidad en las ciudades, aspectos que hoy más que nunca demandan los ciudadanos.
La confirmación oficial de la presencia de minas explosivas en Michoacán subraya la urgencia de fortalecer la autoridad estatal y las estrategias de seguridad para proteger a las familias y preservar la estabilidad en regiones afectadas por la violencia del narcotráfico.
