El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) resolvió este miércoles 24 de junio de 2026 la polémica en torno a la propiedad de la marca del pato Merlín, que se ha convertido en un símbolo espontáneo del Mundial 2026. Vidal Llerenas, presidente del IMPI, confirmó en su cuenta de X que la marca pertenece a la familia de Carla Ivette Gómez, quien desde hace años ha sido la legítima titular del registro.
La disputa se desató tras una serie de solicitudes presentadas la noche del 17 de junio, apenas cinco días antes de que Gómez acudiera personalmente al IMPI para reclamar sus derechos. En ese lapso, al menos cuatro expedientes fueron ingresados con denominaciones similares, todos en un intervalo de minutos, en un intento evidente por apropiarse del símbolo que ha capturado la atención pública.
La primera solicitud fue presentada a las 21:23 horas por Rosa María Hernández Flores, de Zapopan, Jalisco, quien registró la marca «El Pato Merlín» para servicios de entretenimiento, organización de espectáculos y producción de eventos. En menos de dos minutos, Hernández Flores completó otros dos registros para promoción publicitaria y ropa, todos con el mismo apoderado, Carlos Alfonso Alvarado Butanda, con domicilio en la Ciudad de México.
Poco después, a las 21:38, David Sides Fuentes, de Mérida, Yucatán, presentó una solicitud bajo la denominación «El Pato Merlín, El Pato de la Suerte», con un alcance aún más amplio que incluía desde campañas políticas hasta gestión de artistas y marketing de influenciadores.
Fue hasta el 22 de junio, tras una reunión con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, que Carla Ivette Gómez acudió al IMPI para formalizar su solicitud. La mandataria respaldó públicamente a Gómez, calificando de injusto que terceros intentaran registrar la marca sin derecho.
Este episodio refleja no solo la importancia creciente de símbolos culturales en eventos internacionales, sino también la necesidad de un orden claro y respetado en la propiedad intelectual, un aspecto fundamental para la seguridad jurídica y el respeto a los derechos individuales en México. En un país donde la saturación y el caos parecen extenderse a todos los ámbitos, la resolución rápida y transparente de este caso es un respiro para quienes valoran el respeto al orden y la legalidad.
El reconocimiento oficial de la familia Gómez sobre el pato Merlín no solo pone fin a la disputa, sino que también fortalece la confianza en las instituciones encargadas de proteger la propiedad industrial, un paso necesario para que México pueda seguir avanzando en la consolidación de un mercado libre y ordenado.
