El pasado 23 de junio, apenas tres días después de que se resolviera la crisis política que paralizó al Ayuntamiento de Acatlán de Osorio, la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas contrajo matrimonio con Juan Alberto Domínguez López, su exsecretario de Seguridad Pública municipal. La ceremonia se llevó a cabo en el municipio de Atlixco, según consta en el acta matrimonial número 211 del libro dos de la Oficialía 3.
Este enlace formaliza un vínculo personal que ya existía mientras Domínguez López, marino de 28 años originario de La Antigua, Veracruz, estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. La alcaldesa, de 35 años, decidió casarse bajo el régimen de bienes separados en medio de una turbulencia política que mantuvo enfrentados a la presidenta municipal y a un bloque de ocho regidores.
Estos regidores, que incluso tomaron las instalaciones del Ayuntamiento para exigir cambios, tenían como una de sus principales demandas la salida del secretario de Seguridad. La remoción de Domínguez López fue acordada en una mesa de diálogo encabezada por la Secretaría de Gobernación estatal, donde también se pactó la destitución del secretario general del Ayuntamiento, la homologación salarial de los cabildantes y la realización de una auditoría integral sobre el manejo de recursos públicos.
El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, confirmó públicamente la destitución del mando policiaco como parte de los acuerdos para restablecer la gobernabilidad en Acatlán de Osorio, apenas días antes de que se hiciera pública el acta matrimonial.
Por otro lado, la Fiscalía General del Estado anunció investigaciones por presuntos delitos derivados del conflicto político municipal, que incluyen posibles lesiones, intentos de privación ilegal de la libertad y el uso irregular de una patrulla oficial.
Este episodio refleja la complejidad y el desorden que persisten en la administración local, donde las tensiones políticas y personales se entrelazan, afectando la estabilidad y el funcionamiento del gobierno municipal. En un contexto donde la ciudadanía demanda orden y eficiencia, estos hechos evidencian la necesidad de una gestión más transparente y responsable que garantice la gobernabilidad y la seguridad pública.
