El pasado 17 de junio, un hombre identificado como David Sides Fuentes, residente en Mérida, Yucatán, presentó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la solicitud para registrar la marca y el logotipo de “El Pato Merlín. El pato de la suerte” por un periodo de 10 años, según consta en el expediente 3643308.
Lo que llama la atención es que Sides Fuentes no es el dueño original del popular pato, sino un tercero que pretende aprovechar la imagen para múltiples usos comerciales y publicitarios. El diseño que busca registrar muestra un pato con una playera verde que porta una imagen de Quetzalcóatl, similar a la que utiliza la Selección Mexicana de Futbol, y detrás del ave aparece el Calendario Azteca.
Entre los usos que el solicitante pretende dar a la marca están campañas políticas, incubadoras de negocios y la gestión empresarial de artistas y deportistas, lo que abre la puerta a una explotación comercial amplia y ajena a la familia que ha cuidado la imagen del Pato Merlín.
Este lunes 22 de junio, la familia propietaria del Pato Merlín acudió a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional para denunciar esta situación. Karla, dueña del pato, explicó que se han vuelto virales en redes sociales y medios por ser “una familia trabajadora, que se levanta todos los días para ir por ese sustento”, y anunció que también procederán a registrar la marca para proteger su patrimonio.
La presidenta Sheinbaum calificó la acción de David Sides Fuentes como un “abuso” y aseguró que su gobierno apoyará a la familia para que puedan registrar legalmente al Pato Merlín ante el IMPI y garantizar su derecho sobre la imagen. “No es justo que alguien más quisiera registrar al pato como una marca. ¡Imagínense, qué abuso!”, declaró en Palacio Nacional.
Este caso pone en evidencia la vulnerabilidad que enfrentan las familias que construyen una identidad popular y la importancia de contar con un marco legal que proteja sus derechos frente a terceros que buscan lucrar con símbolos culturales y comerciales sin legitimidad. En un país donde la informalidad y la falta de orden en la propiedad intelectual son moneda corriente, la intervención estatal resulta fundamental para preservar el orden y la justicia en el ámbito comercial.
