Este miércoles 23 de junio de 2026, jueces y magistrados en retiro protagonizaron una protesta frente al Tribunal de Disciplina Judicial, ubicado en avenida Insurgentes Sur, colonia San Ángel, para exigir el pago de indemnizaciones pendientes tras haber sido removidos de sus cargos por la reciente reforma judicial. La manifestación, que contó con la participación del magistrado Reynaldo Reyes Rosas, se dio en un contexto de creciente tensión en el Poder Judicial, donde la incertidumbre y la falta de pagos afectan la estabilidad de quienes dedicaron décadas a la impartición de justicia federal.
La protesta se suma a un bloqueo ocurrido el pasado 25 de mayo, cuando una centena de juzgadores en retiro cerraron los accesos al Órgano de Administración Judicial (OAJ) para denunciar la falta de pago a 86 exjueces y magistrados, así como la suspensión de pensiones complementarias a 120 exfuncionarios judiciales. Este bloqueo impidió el ingreso de trabajadores al OAJ, evidenciando la gravedad del conflicto y la frustración acumulada.
Reynaldo Manuel Reyes Rosas, exjuez y magistrado federal con más de 37 años de servicio, confirmó que declina participar en el nuevo sistema judicial impulsado por el gobierno federal, decisión que fundamenta en “congruencia y dignidad”. Reyes Rosas criticó abiertamente los nuevos métodos de selección, como el uso de la tómbola, calificándolos de “novísimos, pero corruptos procedimientos”. Su postura refleja el descontento de un sector que ve en la reforma una ruptura con la tradición y la experiencia acumulada en el Poder Judicial.
Por su parte, el magistrado en retiro y exconsejero de la Judicatura Federal, Juan Carlos Cruz Razo, uno de los 86 juzgadores afectados, lamentó la falta de pago de indemnizaciones y señaló que esta situación representa una afectación directa a su sistema de vida. Cruz Razo cuestionó que los cesados tengan que justificar ante el OAJ un derecho que está claramente establecido en la reforma judicial plasmada en la Constitución, lo que añade un elemento de arbitrariedad y desorden a un proceso que debería ser transparente y respetuoso del Estado de derecho.
Este conflicto pone en evidencia la necesidad de un orden claro y justo en la transición hacia el nuevo sistema judicial, que no solo garantice la independencia y la justicia, sino que también respete los derechos adquiridos de quienes han servido al país durante décadas. En un momento en que la ciudad y el país enfrentan múltiples retos de movilidad, seguridad y gobernabilidad, la estabilidad en las instituciones es fundamental para recuperar la confianza y evitar que la desorganización se extienda a otros ámbitos del quehacer público.
