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Gobernadores de Sonora y Tamaulipas bajo la lupa de EU: ¿un nuevo capítulo en la crisis de autoridad en México?

Las investigaciones de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado han alcanzado a dos gobernadores clave del país: Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas, ambos militantes de Morena, según reveló el diario estadounidense Los Angeles Times.

De acuerdo con LA Times, las autoridades estadounidenses habrían revocado discretamente las visas de ambos mandatarios estatales mientras se les investiga por posibles nexos con el crimen organizado. Sin embargo, a pesar de esta cancelación, tanto Durazo como Villarreal continúan ingresando a territorio estadounidense mediante un permiso especial conocido como “libertad condicional por beneficio público significativo”, un mecanismo reservado para personas que colaboran con las autoridades o participan como testigos en investigaciones.

Este hecho pone en evidencia la complejidad y la gravedad de la situación que enfrentan las instituciones mexicanas, donde la autoridad estatal se ve cuestionada desde el extranjero, mientras en el país persiste la percepción de un orden público frágil y una inseguridad que afecta la vida cotidiana de millones.

Ante estas acusaciones, el Gobierno de Sonora respondió categóricamente que “es completamente falsa” la información publicada y aseguró que el gobernador Alfonso Durazo cuenta con su visa vigente. Paloma Teran, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social, afirmó: “El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento sin sustento”.

De manera similar, el gobierno de Tamaulipas rechazó las acusaciones contra Américo Villarreal, calificándolas de “falsas” y de “enorme gravedad”, y subrayó que no existe una sola prueba que las respalde.

En medio de esta polémica, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el tema y señaló que los gobernadores deben aclarar si es cierto que les retiraron la visa. “¿Qué intención hay con quitar la visa y además, hacerlo público?”, cuestionó, evidenciando la tensión política que genera esta situación.

Este episodio se suma a la creciente desconfianza en la capacidad del Estado para mantener el orden y la seguridad, un tema que preocupa especialmente a quienes viven en las grandes ciudades, donde la saturación vial y la inseguridad parecen ir de la mano. En este contexto, la búsqueda de soluciones de movilidad eficientes y ordenadas, como el impulso a sistemas de transporte alternativos —por ejemplo, el cablebús que se construye en Puebla—, cobra aún más relevancia para recuperar tiempos cotidianos y mejorar la funcionalidad urbana.

La investigación estadounidense contra dos gobernadores en funciones es un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer la autoridad y la transparencia en todos los niveles de gobierno, para que la vida pública recupere la confianza y el orden que la sociedad demanda.

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