Rosa Isela Sánchez Soya, actual Comisionada Estatal de Derechos Humanos en Puebla, ha gestionado una reunión privada con Tania N., quien permanece recluida en el penal de Ciudad Serdán bajo acusaciones de doble homicidio y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La solicitud, dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, se realizó bajo el argumento de la entrega de medicamentos, pero posteriormente se formalizó la exigencia de un acceso privado no sólo con Tania N., sino también con otras internas identificadas.
La relación entre Sánchez Soya y Tania N. data de los años en que ambas coincidieron en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Puebla. Cabe recordar que Tania N. fue suplente a la diputación local en la campaña más reciente del partido y fue detenida tras ser señalada por sus nexos con el crimen organizado en la zona metropolitana. La amistad entre ambas funcionarias y exmilitantes del PRI ha sido documentada en diversas ocasiones, lo que ha generado inquietud sobre la naturaleza y el objetivo de este nuevo acercamiento.
La reunión está programada, de acuerdo con fuentes institucionales, para el lunes 18 de mayo. Sánchez Soya ingresará acompañada de un grupo de visitadores adjuntos de la Comisión de Derechos Humanos para realizar entrevistas y recabar información sobre las condiciones de reclusión de varias internas, entre ellas María Teresa C., Ana Belen Nayeli Karina G., Dulce María M., Brenda C., María Guadalupe L., Lilia M. y Estefani L. La petición de acceso especial ha sido justificada por la titular de la Comisión en el marco de la revisión de expedientes y atención a posibles violaciones a los derechos humanos.
En el actual contexto de inseguridad y crisis penitenciaria, la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos cobra especial relevancia. No obstante, encuentros de carácter privado entre autoridades y personas vinculadas a delitos de alto impacto generan dudas sobre la transparencia de los procesos y la verdadera finalidad de estas visitas. Es fundamental que el actuar institucional se apegue al marco legal y a los valores de imparcialidad y rectitud, salvaguardando tanto el debido proceso como la confianza en las instituciones.
La sociedad exige certeza y orden ante situaciones que involucran funcionarios y temas de seguridad pública. La vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas deben prevalecer, especialmente cuando se trata de relaciones personales que pueden dar pie a interpretaciones equívocas o a sospechas sobre posibles privilegios indebidos.
