El diputado local Elpidio Díaz Escobar, integrante del partido Fuerza por México, expresó su respaldo al incremento en las tarifas del transporte público en Puebla y solicitó la eliminación de los descuentos a estudiantes, argumentando que estos sectores ya reciben apoyos económicos a través de becas federales. Sus declaraciones se dieron el viernes 15 de mayo de 2026, previo a una sesión pública ordinaria del Congreso estatal.
Díaz Escobar señaló que los costos de operación del transporte público han experimentado un considerable aumento en los últimos años, debido al encarecimiento del diésel, infracciones y trámites administrativos, factores que han afectado la rentabilidad del sector. En este contexto, el legislador propuso que la tarifa se incremente entre uno y uno con cincuenta pesos, con el objetivo de equilibrar la economía de los concesionarios y garantizar la continuidad del servicio.
El diputado recordó que en administraciones pasadas el gobierno de Puebla otorgaba subsidios al transporte público, un apoyo que ha dejado de existir en la actualidad. Esta medida, dijo, agravó la situación financiera de los transportistas, quienes ahora enfrentan mayores dificultades para mantener y renovar sus unidades.
Respecto a los descuentos para estudiantes, Díaz Escobar enfatizó que los alumnos ya cuentan con diversos apoyos económicos del gobierno federal, por lo que consideró innecesario que se mantenga la tarifa preferencial en el transporte público concesionado. Añadió que los estudiantes pueden optar por la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), la cual ofrece un costo menor en comparación con el resto de las rutas concesionadas.
El legislador subrayó que únicamente las personas con discapacidad y los adultos mayores deberían conservar tarifas preferenciales en el transporte público, en línea con una visión de justicia y apoyo a los sectores más vulnerables.
En cuanto a los reportes ciudadanos sobre unidades en mal estado, Díaz Escobar aclaró que estos vehículos cumplen con los requisitos de antigüedad establecidos por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), que permite la circulación de unidades con hasta diez años de antigüedad. De esta manera, el diputado defendió la legalidad del proceso de revisión vehicular.
Las declaraciones de Elpidio Díaz reavivan el debate sobre la responsabilidad estatal en el financiamiento del transporte público y la pertinencia de mantener privilegios para ciertos sectores de la población, en un contexto donde la eficiencia y la sostenibilidad económica del sistema deben ser prioridades para garantizar el servicio a la ciudadanía.
