La madrugada del viernes pasado, las autoridades federales capturaron en Mérida a Justo Aurelio Rivera Parrazales, empresario vinculado al Cártel del Noreste y señalado como operador financiero de esta organización criminal. La detención se dio tras cuatro cateos en los que se aseguraron 14 vehículos de lujo y otros bienes valuados en más de 145 millones de pesos.
Rivera Parrazales, originario de Tabasco, ha sido relacionado en columnas periodísticas con figuras políticas como Rutilio Escandón, exgobernador de Chiapas, y Amílcar Olán, líder del grupo criminal conocido como “El Clan”. También se le ha vinculado con el morenista Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco y excuñado de Escandón, aunque el Gabinete de Seguridad sólo lo identifica como un operador financiero del Cártel del Noreste.
El empresario mantiene vigentes contratos con el gobierno de Chiapas desde la administración de Escandón. Por ejemplo, en julio del año pasado, su empresa Industrias Médicas Chiapanecas firmó un acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Chiapas para capacitar a reclusos en actividades de reinserción social, y en octubre suscribió otro convenio con la Universidad Politécnica de Chiapas.
Cabe recordar que en 2025 circuló la versión de que Rivera Parrazales había sido asesinado en Querétaro, en un automóvil Lamborghini verde junto a “El Changuito” Méndez, pero la detención confirmada este viernes desmiente esos rumores.
Este caso pone en evidencia la compleja relación entre el crimen organizado y ciertos sectores empresariales y políticos en el sureste del país, donde la falta de orden y control facilita la infiltración de redes ilícitas en la economía formal. En un contexto urbano cada vez más caótico, la seguridad y la transparencia en la gestión pública son urgentes para recuperar la confianza ciudadana y evitar que la corrupción siga socavando el desarrollo regional.
