El domingo 19 de julio de 2026, en un acto multitudinario en Managua para conmemorar el 47 aniversario de la revolución sandinista, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dejó claro que su régimen no permitirá ningún proceso electoral que amenace el control absoluto del oficialismo. Con 80 años y en el poder desde 2007, Ortega sentenció: “Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder”.
Este pronunciamiento marca un punto de no retorno en la ya deteriorada institucionalidad nicaragüense, donde desde hace años se han denunciado fraudes electorales y la sistemática eliminación de la oposición política. Desde 2017, Ortega gobierna junto a su esposa, Rosario Murillo, quien fue designada copresidenta en febrero de 2025 tras una reforma constitucional que ha concentrado el poder en la pareja presidencial.
La reforma, que entró en vigor a inicios de 2025, eliminó el equilibrio entre poderes y amplió el periodo presidencial de cinco a seis años, posponiendo las elecciones generales previstas originalmente para noviembre de 2026 hasta noviembre de 2027. Además, legalizó la figura de la copresidenta y otorgó al Ejecutivo la facultad de coordinar los órganos del Estado, que dejaron de llamarse poderes, consolidando un régimen autoritario.
En su discurso, Ortega acusó a la oposición exiliada de estar “agazapada” y de buscar enriquecerse mediante un eventual triunfo electoral, a lo que respondió con la promesa de impulsar leyes en la Asamblea Nacional —controlada por el oficialismo— para “poner un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias”, advirtiendo que ni el dinero de Estados Unidos podrá cambiar ese destino.
La comunidad internacional ha condenado estas acciones. En enero de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó el cargo de copresidenta de Murillo como “inventado”, sin mandato ni legitimidad, y acusó a la pareja presidencial de negar “cobardemente” a los nicaragüenses el derecho al voto democrático porque saben que no podrían ganar en elecciones libres. Organismos como la ONU, la OEA y el Parlamento Europeo también han denunciado la manipulación constitucional y la represión que sostienen un poder ajeno a la voluntad popular.
Este escenario confirma la consolidación de un régimen autoritario que elimina cualquier vestigio de alternancia democrática, en un país que, como muchos en la región, enfrenta el desafío de preservar el orden y la estabilidad frente a la erosión de sus instituciones. La ausencia de elecciones libres y competitivas no solo afecta a Nicaragua, sino que envía una señal preocupante sobre el retroceso democrático en América Latina.
