En la ciudad de Puebla, la presencia de comerciantes informales sigue siendo un fenómeno complejo que desafía la autoridad y el orden urbano. De acuerdo con un reporte reciente de la Dirección de Vía Pública de la Comuna, existen entre 80 y 90 agrupaciones que operan principalmente en 27 puntos estratégicos, como el Centro Histórico, el Centro Integral de Servicios (CIS) y zonas hospitalarias.
Aunque en 2026 se otorgaron menos permisos para vendedores ambulantes —22 mil, frente a los 25 mil del año anterior—, los ingresos por el cobro de estos permisos aumentaron de 7.4 a 9.1 millones de pesos, una cifra que revela la magnitud económica que representa este sector informal para el Ayuntamiento.
Entre las agrupaciones más numerosas y conflictivas destacan la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, Doroteo Arango y Antorcha Campesina. Según César Bermúdez Oliver, titular de la Dirección de Vía Pública, estas organizaciones son “focos de atención” porque sus integrantes suelen acatar las órdenes de retiro solo por unas horas para luego regresar a los lugares prohibidos.
“Muchos integrantes de estas organizaciones acatan, pero acatan una, dos o tres horas, y al otro día se vuelven a instalar; ese es el trabajo del inspector: estar patrullando toda la ciudad y atendiendo todas las quejas que hay”, explicó Bermúdez Oliver.
El informe también detalla que el 78 por ciento de los comerciantes informales se dedican al sector alimentos, con alrededor de mil 679 puestos que ofrecen tacos, hamburguesas, tamales y otros antojitos mexicanos. Le siguen la venta de ropa y bisutería, sectores que también contribuyen a la saturación de espacios públicos.
Los operativos de reordenamiento se mantienen activos en toda la ciudad, con especial atención en zonas universitarias y hospitalarias, donde la presencia de puestos informales complica la movilidad y el orden. Este escenario evidencia la dificultad para mantener una ciudad funcional y ordenada, donde el crecimiento descontrolado del comercio informal amenaza la convivencia y la recuperación de tiempos cotidianos para los ciudadanos.
En un contexto donde la movilidad y el orden urbano son prioritarios para evitar la saturación vial y el caos, la administración local enfrenta el reto de equilibrar la regulación con la realidad social. La experiencia de Puebla muestra que sin una estrategia firme y constante, el comercio informal seguirá siendo un problema que afecta la calidad de vida y la imagen de la ciudad.
