La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla arrestó el sábado 18 de julio de 2026 a Javier Montalvo Juárez, presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco, municipio de San Martín Texmelucan, en el marco de las investigaciones por el homicidio del periodista, profesor y abogado Josué Martínez Contreras.
La captura se registró a las 14:04 horas sobre la carretera federal San Martín Texmelucan-Tlaxcala, entre la Autopista Arco Norte y Domingo Arenas, según consta en el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La FGE informó que la detención se derivó de la probable responsabilidad de Montalvo Juárez en el delito de cohecho, cometido durante las diligencias relacionadas con el asesinato del comunicador, ocurrido la mañana del 16 de julio de 2026 frente a su hijo de 13 años.
El arresto se efectuó cerca de una tienda de conveniencia en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, cuando el detenido reconoció a los agentes que era objeto de investigación. En un intento por evadir la justicia, ofreció a los policías un vehículo de su propiedad, la factura endosada y dinero en efectivo, además de cualquier otra cantidad que solicitaran.
Los agentes rechazaron inmediatamente la oferta y procedieron a su detención por cohecho, informándole en todo momento sus derechos conforme a la ley. Posteriormente, fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.
Este caso se suma a la creciente preocupación por la seguridad y el orden en Puebla, donde la violencia contra periodistas representa un grave atentado contra la libertad de expresión y la estabilidad social. La FGE reiteró que las investigaciones continúan con un enfoque integral y exhaustivo, siguiendo los protocolos para delitos cometidos contra periodistas y defensores de derechos humanos.
“La Fiscalía reafirma su compromiso de actuar con firmeza, imparcialidad y estricto apego a la ley, garantizando que ninguna persona obstaculice la procuración de justicia mediante actos de corrupción o conductas que interfieran con las investigaciones”, señaló el organismo.
En un contexto donde la inseguridad y la corrupción erosionan la confianza ciudadana, la pronta actuación de las autoridades es indispensable para recuperar el orden y la funcionalidad en las comunidades, evitando que la impunidad siga socavando la convivencia y la tranquilidad social.
