La salida abrupta de Ulises Lara de la Fiscalía General de la República (FGR) no fue una renuncia voluntaria, sino un cese ordenado desde el Ejecutivo tras descubrirse que fungía como informante de agencias estadounidenses desde hace al menos seis años, además de estar involucrado en delitos como extorsión y tener nexos con redes de huachicol fiscal. Así lo reveló este viernes 17 de julio el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal.
Lara López, quien llegó en enero pasado a la FGR como fiscal especial para Asuntos Relevantes y vocero de la institución, anunció su salida el martes 14 de julio bajo el argumento de “motivos personales”. Sin embargo, un operativo de contrainteligencia iniciado desde su arribo destapó un oscuro historial que incluía extorsiones, vínculos con huachicoleros y, lo más grave, su papel como informante de los servicios de inteligencia estadounidenses.
El detonante para su cese fue la liberación, la semana pasada, de José Antonio Cortés, alias “El Titán”, líder del Cártel del Noreste, dedicado al lavado de dinero y contrabando de combustible. Las pesquisas, realizadas a espaldas de la fiscal Ernestina Godoy, revelaron que Lara había pactado con figuras vinculadas al contrabando fiscal, como Raúl Rocha Cantú, codueño del certamen Miss Universo e investigado por presunto tráfico de combustible y armas desde Guatemala, donde fungía como cónsul honorario.
De acuerdo con reportes estadounidenses citados por Riva Palacio, esta red de huachicol fiscal estaría vinculada con el senador Adán Augusto López y con Andrés López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, lo que añade un nivel de complejidad política al caso.
Además, Lara habría utilizado su posición para extorsionar a la familia Lozoya y a cercanos del empresario Alonso Ancira. La detención, hace dos semanas, de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, por lavado de dinero en el caso Agronitrogenados, estaría relacionada con estas extorsiones. La FGR también reactivó recientemente el proceso penal contra Ancira, quien debe más de 112 millones de dólares a Pemex por reparación del daño.
Este caso expone una vez más la paradoja de la 4T: la corrupción no se castiga ni se investiga con rigor, pero la confianza se paga con despidos fulminantes. La caída de Lara, considerado “colaborador de mayor confianza” de Godoy, evidencia la crisis interna y la falta de orden en una Fiscalía que debería ser garante del Estado de derecho.
En un contexto donde la seguridad y el orden urbano son prioritarios para la ciudadanía, la filtración de información estratégica a potencias extranjeras y la impunidad en redes criminales solo profundizan la desconfianza hacia las instituciones. La salida de Ulises Lara es un llamado urgente a la autoridad estatal para recuperar el control y la funcionalidad en la administración pública, evitando que la corrupción y la infiltración socaven la estabilidad nacional.
