Este viernes 17 de julio de 2026, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria de 56 años de prisión contra José María Sosa Álvarez por la desaparición de Paulina Camargo Limón, un caso que conmocionó a Puebla desde agosto de 2015. La joven, quien estaba embarazada de cuatro meses y medio, desapareció tras acudir a una cita médica junto con José María N., padre del bebé que esperaba, en la colonia San Manuel, cerca de Plaza Solé.
La resolución judicial marca un hito en una búsqueda que ha durado casi 11 años, tiempo en el que Paulina y su hijo no han sido localizados. Rocío Limón, madre de la víctima, expresó tras conocer la sentencia que “se logró hacer justicia para ella y para el bebecito, pero esto sigue siendo muy doloroso”. Agradeció el respaldo de colectivos y personas que, aunque a veces de manera invisible, sostuvieron a su familia en esta lucha prolongada.
“Para mi familia es un logro muy importante porque siempre hubo personas que estuvieron a nuestro lado, a veces de manera invisible, pero sosteniéndonos como familia: a mi esposo, a mi hijo y a mí. Gracias a nuestros amigos y a todos los que simpatizaron con la causa”, declaró Limón al término de la audiencia.
La madre de Paulina subrayó que nunca contempló un fallo distinto, pues la desaparición de su hija es un hecho irrefutable. “Mi hija continúa desaparecida y José María Sosa Álvarez es responsable de su desaparición. Hoy puedo decirlo sin temor; él es el responsable, como lo ha sido durante estos casi 11 años”, afirmó con firmeza.
El caso ha estado marcado por la impunidad y la incertidumbre. Inicialmente, José María N., conocido como Chema y padre del bebé, fue detenido y sentenciado a 16 años por homicidio y aborto, pese a que el cuerpo de Paulina nunca fue encontrado. Sin embargo, tras recursos legales promovidos por su defensa, fue absuelto de esos cargos.
La sentencia de este viernes representa un avance significativo en la búsqueda de justicia para Paulina y su familia, aunque la ausencia física de la joven y su hijo sigue siendo un dolor latente. Al concluir la audiencia, familiares e integrantes de colectivos celebraron la resolución con abrazos, consignas y el sonido de tambores, un símbolo de resistencia y esperanza en medio de la tragedia.
Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer el orden y la autoridad estatal para garantizar la seguridad y la justicia en una ciudad que, como muchas otras, enfrenta retos en la protección de sus ciudadanos y en la recuperación de la confianza social. La lucha de la familia Camargo es un recordatorio de que la justicia, aunque tardía, debe prevalecer para preservar los valores fundamentales de la sociedad.
