El Partido Acción Nacional (PAN) presentó este viernes 17 de julio de 2026 una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Gonzalo “Bobby” López Beltrán, único supervisor del Tren Interoceánico, y la Secretaría de Marina, responsable de la operación y mantenimiento de esta obra, tras el segundo descarrilamiento ocurrido en la línea Z entre Nizanda y Chivela, municipio de Asunción Ixtaltepec.
El primer accidente se registró el 28 de diciembre de 2025, cuando un tren de pasajeros descarriló en el mismo tramo, dejando un saldo trágico de 14 muertos y más de un centenar de heridos. En esa ocasión, la FGR responsabilizó al maquinista. Ahora, el segundo incidente involucró un tren de carga y, aunque no hubo víctimas, el PAN denuncia la falta de responsables claros y la impunidad que rodea a este proyecto emblemático.
Priscila Vera, integrante del comité ejecutivo nacional del PAN, criticó duramente la falta de rendición de cuentas: “¿Cuántas muertes más deben ocurrir para que haya un responsable? No solo el secretario, sino también ‘Bobby’ López Beltrán deben ser llamados a comparecer”. Por su parte, Miguel Errasti, secretario de gobierno del PAN en Ciudad de México, advirtió sobre la posible protección política que reciben los involucrados ligados al partido Morena, señalando que “pareciera que ellos sí pueden ser excluidos de cómo se reparte la ley hoy”.
La denuncia, entregada esta mañana en las instalaciones de la FGR en la colonia Doctores, representa un reto para la fiscal general Ernestina Godoy, a quien el PAN exige actuar con la misma prontitud y rigor que en casos como el del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, detenido por presuntos vínculos con delincuencia organizada.
Los panistas también denunciaron la impunidad que, a su juicio, protege a figuras morenistas como Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza, señalados por Estados Unidos de vínculos con el Cártel de Sinaloa, así como la falta de investigación contra el exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán por el caso de huachicol fiscal.
Vera acusó que la FGR aplica la ley “en los bueyes de mi compadre”, mientras ignora casos de alto impacto político. Además, consideró que la detención de Ruffo Appel es una cortina de humo para desviar la atención de la crisis que enfrenta la gobernadora Marina del Pilar Ávila, evidenciada por supuestos acuerdos con agencias estadounidenses a cambio de impunidad.
La denuncia también incluye a las empresas ABCD Arquitectura S.A. de C.V. y Construcción y Mantenimiento Ferroviario S.A. de C.V., contratadas por la Marina para la construcción del Tren Interoceánico, cuyos dueños son señalados como amigos cercanos del “Clan López Beltrán”. La obra, con un costo final que superó los 62 mil millones de pesos —más del triple del presupuesto original de 20 mil millones—, ha estado marcada por irregularidades y sobrecostos que han beneficiado a estos allegados.
El PAN exige que no solo los responsables técnicos, sino también las empresas involucradas y la supervisión del proyecto, sean llamados a rendir cuentas, en un llamado a restablecer el orden y la legalidad en una obra que, lejos de ser un avance para la movilidad y el desarrollo, se ha convertido en un símbolo de desorden y corrupción.
