Este jueves 16 de julio de 2026, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reunió en la sede del Departamento de Estado en Washington a representantes de 66 países de Europa, Asia y América para abordar lo que calificó como un resurgimiento global del terrorismo político de extrema izquierda.
En un discurso de apertura que duró 20 minutos, Rubio alertó sobre una amenaza “real y transnacional” que, según él, ha existido durante décadas pero que ahora experimenta un repunte. La reunión, apodada informalmente “cumbre Antifa”, se centró en un movimiento difuso y amorfo que, aunque no existe como organización formal, es objeto de obsesión para la actual administración estadounidense.
Rubio describió a estos grupos como “anticapitalistas, antiimperialistas, comunistas, anarquistas o marxistas” que, bajo un discurso de igualdad y justicia, atacan infraestructuras críticas como oleoductos, gasoductos, ferrocarriles y redes eléctricas. Además, denunció una red transnacional que conecta a militantes que viajan desde Europa hacia América para coordinar ataques, compartir propaganda y financiarse mediante redes clandestinas, incluso con apoyo de Estados extranjeros hostiles a Washington.
El secretario de Estado criticó el “doble rasero” con que se juzga la violencia de extrema izquierda frente a la ultraderecha, señalando que mientras una bomba colocada por neonazis es condenada como un acto atroz, una acción similar de un “revolucionario marxista” es vista como un “exceso de idealismo”. Rubio lamentó que la amenaza de la extrema izquierda sea minimizada por sectores de la prensa, académicos e instituciones tradicionales.
Entre los países participantes en la cumbre, según una lista proporcionada a EL PAÍS, estuvieron España, Canadá, Alemania, Argentina, Italia, Israel, Chile y Uruguay, aunque México, China, Brasil, Nicaragua y Colombia no figuraron en la convocatoria oficial. El nivel de representación varió, como en el caso de España, que envió a dos consejeros de su embajada en Washington.
Esta reunión se da en un contexto de ocho meses de esfuerzos diplomáticos para consolidar una estrategia contra estos grupos, y apenas días después de que el Departamento de Estado abriera una convocatoria para otorgar subvenciones de hasta tres millones de dólares a organizaciones europeas que combatan la “censura” y promuevan “vínculos civilizatorios” con Estados Unidos, en línea con los ideales del movimiento MAGA (Make America Great Again).
En el encuentro también participaron figuras clave como el director del FBI, Kash Patel; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; y el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, conocido por su influencia en la política de seguridad y su papel en la presión estadounidense sobre América Latina.
Al ser cuestionado sobre por qué la iniciativa se enfoca en la extrema izquierda y no en grupos de derecha, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggott, argumentó que los grupos de derecha son “más sofisticados” y que sus amenazas han sido tradicionalmente menos atendidas.
Cabe recordar que en septiembre pasado, el entonces presidente Donald Trump designó a Antifa como grupo terrorista, tras el asesinato del líder juvenil MAGA Charlie Kirk, un hecho que fue atribuido a la “izquierda radical” sin pruebas concluyentes de vínculos con células extremistas. En noviembre, Washington catalogó como organizaciones terroristas extranjeras a cuatro grupos europeos vinculados a Antifa, ofreciendo recompensas millonarias por información sobre sus financiamiento y operaciones.
Este tipo de iniciativas reflejan la
