La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó esta tarde en Ensenada, Baja California, una orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador y primer mandatario estatal de oposición en México, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
La detención ocurre en un contexto de creciente tensión política en Baja California, donde recientemente se filtraron supuestos acuerdos entre la gobernadora Mariana del Pilar Ávila y el FBI para convertirse en informante, lo que añade un nuevo capítulo a la crisis institucional en la entidad.
La FGR informó que la investigación, de alta complejidad, se relaciona con grandes operaciones de contrabando de combustible realizadas por una empresa fundada por Ruffo Appel. Se trata de Ingemar, firma vinculada al aseguramiento de 15 millones de litros de hidrocarburo transportados en 129 ferrotanques en Coahuila, presuntamente involucrados en el llamado “huachicol fiscal”.
Desde julio de 2025, cuando el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que Ingemar formaba parte de las carpetas de investigación federales, Ruffo ha negado cualquier participación ilícita. En ese momento, aseguró tener “la conciencia tranquila”, afirmó que su empresa solo maneja la logística de importación y el papeleo aduanal en la frontera, y se mostró dispuesto a colaborar con las autoridades.
Este episodio no solo remite a la historia política reciente del país —Ruffo fue el primer gobernador de oposición tras ganar la gubernatura en 1989 por el PAN, marcando el inicio de la alternancia democrática— sino que también pone en evidencia la persistente problemática del contrabando de combustible, que sigue afectando la seguridad y el orden económico en México.
En un país donde la autoridad estatal debe recuperar el control y garantizar la legalidad, la captura de un personaje de este calibre subraya la necesidad de fortalecer las instituciones y combatir sin tregua las redes ilícitas que deterioran la vida pública y la economía nacional.
Mientras tanto, la sociedad observa con preocupación cómo estos escándalos políticos y judiciales complican aún más la gobernabilidad y la estabilidad en regiones clave como Baja California, donde la inseguridad y la corrupción parecen enquistadas. La expectativa ahora se centra en el desarrollo del proceso legal contra Ruffo Appel y en las posibles repercusiones políticas que esta detención pueda desencadenar.
