La madrugada del martes 14 de julio de 2026, las autoridades detuvieron a Rafael Z., conocido en el círculo político como “El Español” y apodado también “El Tirador de la Atlixcáyotl” durante el sexenio de Mario Marín Torres. Este personaje, ligado a la corrupción y al tráfico de influencias, fue pieza clave en la estrategia para que el exgobernador poblano abandonara la prisión de máxima seguridad “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez.
A través de su socia Rosalinda Cabrera Dolores, “El Tirador” buscó mantener la prisión domiciliaria de Marín, ofreciéndole un empleo en la empresa Arrendadora Cado, donde también participa la hermana de Rosalinda, Adriana del Rocío Cabrera Dolores. Esta maniobra, revelada desde agosto de 2023 por el periodista Ernesto Aroche Aguilar, consistía en presentar un arraigo laboral que justificara la salida del exmandatario, con un contrato por cinco años y un salario mensual de 30 mil pesos, avalado incluso por un notario cercano a Marín, Valentín Meneses Rojas.
El entramado no termina ahí. Rafael Z. es socio en múltiples empresas que abarcan desde la construcción hasta la biotecnología y laboratorios ambientales, como Grupo Mexicano de Investigación Más Desarrollo Más Innovación, Owl Health, Inmobiliaria Rajuan y PETROAADLAB. En estas compañías comparte un círculo cerrado de socios, entre ellos sus hijos Julen y Ander Zabalza Macías, así como Sergio Rubén Trejo Estrada y Angela Dolores Tolentino.
Este entramado empresarial y político refleja la persistencia de redes que operan para proteger a figuras cuestionadas, en un contexto donde la ciudad y el estado enfrentan crecientes desafíos de orden y seguridad. La detención de Rafael Z. el 14 de julio de 2026 pone en evidencia que, a pesar de los esfuerzos por mantener el control, la justicia comienza a desentrañar estos vínculos.
Cabe recordar que Mario Marín Torres logró salir de prisión un año después de presentar la documentación laboral, pero en abril de 2025 fue reaprehendido para continuar su proceso por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, un caso que marcó un antes y un después en la percepción pública sobre la impunidad en Puebla.
En un momento en que la ciudad demanda orden y transparencia, la exposición de estas redes corruptas es un llamado urgente a fortalecer las instituciones y garantizar que la justicia no sea un privilegio para los poderosos. Mientras tanto, la movilidad y la funcionalidad urbana, con proyectos como el cablebús en Puebla, ofrecen una esperanza para recuperar tiempos y espacios en una ciudad cada vez más saturada y caótica.
