Este miércoles 15 de julio de 2026, la Fiscalía General del Estado de Puebla llevará a cabo la audiencia de imputación contra Rafael “N”, señalado como el presunto francotirador que desde mediados de abril ha sembrado el miedo en la Vía Atlixcáyotl. La fiscal Idamis Pastor Betancourt confirmó que, aunque la defensa podría solicitar la duplicidad del término constitucional para ganar tiempo, no será sencillo que el acusado recupere su libertad, pues enfrenta cargos graves, entre ellos homicidio en grado de tentativa.
La captura de Rafael “N” ocurrió hace poco más de 24 horas en un operativo de gran escala en el residencial Santa Fe, que puso fin a meses de inseguridad y caos vial en una de las arterias más transitadas y emblemáticas de Puebla. La fiscal Pastor Betancourt detalló en entrevistas televisivas y radiofónicas que el procedimiento para identificar y detener al sospechoso fue meticuloso y coordinado, reflejando la respuesta firme del Estado ante la escalada de violencia que afectaba a automovilistas y motociclistas.
Hasta el momento, el detenido no ha rendido declaración sobre sus motivos para disparar contra civiles y agentes ministeriales, quienes resultaron heridos durante la aprehensión. La audiencia de imputación, cuya hora aún no se ha definido, será clave para que la justicia avance en un caso que ha puesto en jaque la seguridad y el orden público en la ciudad.
La fiscal enfatizó que, pese a la posible estrategia legal de la defensa, la gravedad de los cargos —que incluyen ataques directos a elementos de seguridad— dificultará que Rafael “N” obtenga una liberación rápida. Este proceso judicial es un paso necesario para restaurar la tranquilidad en Puebla, afectada por un fenómeno que no solo comprometía la movilidad y la seguridad vial, sino también la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de mantener el orden.
En un contexto donde la movilidad urbana ya enfrenta retos por la saturación vial y la inseguridad, la pronta actuación de las autoridades para detener a este individuo representa un avance en la recuperación del espacio público y la protección de los ciudadanos. La sociedad poblana espera que este caso siente un precedente para evitar que la violencia vuelva a perturbar la vida cotidiana y el orden en la ciudad.
