La crisis de violencia y desapariciones en Michoacán se refleja con crudeza en la reciente localización de una mega fosa clandestina en la Barranca de Santa Rita, municipio de Tacámbaro, donde se estima que yacen al menos 375 cuerpos. El colectivo «Buscando Cuerpos», que ha trabajado en la zona durante años, basó esta cifra en el conteo de huesos sacros, una pieza ósea única por individuo, lo que confirma la magnitud del hallazgo.
Margarita López Pérez, activista, madre buscadora y exlegisladora local, detalló que las excavaciones en el predio conocido como «La Parotita» han revelado no solo la fragmentación habitual de restos óseos, sino también mandíbulas y fragmentos craneales pertenecientes a menores de apenas tres años. Además, se han encontrado indicios biológicos recientes, como fragmentos de tejido con cabello, que serán analizados en laboratorios especializados de la Ciudad de México para cotejar perfiles genéticos con familiares de desaparecidos.
Las labores de recuperación y análisis forense, que comenzaron hace meses, se proyectan para extenderse al menos tres años más debido a la densidad y complejidad de los restos. Sin embargo, López Pérez criticó la falta de un esquema de seguridad permanente en el perímetro de la fosa, responsabilidad del presidente municipal sustituto, Alejandro Fuerte García, lo que pone en riesgo la integridad de la escena y dificulta el trabajo de las familias buscadoras.
Este hallazgo pone en evidencia la ausencia de un marco legal específico en Michoacán para la búsqueda de personas desaparecidas. Durante su gestión como diputada local, López Pérez impulsó una Ley de Búsqueda basada en la normativa federal y consensuada con organizaciones civiles, pero fue vetada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, decisión que atribuye a motivos políticos y no técnicos.
La falta de esta legislación local precariza las labores de los colectivos en dos frentes: limita el acceso a recursos logísticos y operativos para explorar nuevas zonas con indicios biológicos, y no existen mecanismos legales para sancionar a funcionarios que obstaculizan o dilatan las investigaciones.
Este caso, que se suma a la larga lista de fosas clandestinas en el país, refleja la urgente necesidad de fortalecer la autoridad estatal y garantizar orden y justicia en un Michoacán que sigue pagando el costo de la inseguridad y la impunidad. Mientras tanto, las familias continúan su búsqueda en un terreno donde la memoria y la esperanza se enfrentan a la brutal realidad.
