La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) decidió clasificar como reservada durante cinco años toda la información relacionada con las comunicaciones entre México y Estados Unidos sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez. Ambos políticos están involucrados en investigaciones abiertas por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Esta medida, revelada tras una solicitud de transparencia presentada por El Sol de México, incluye no solo las comunicaciones diplomáticas, sino también las gestiones, intercambios institucionales y mecanismos de cooperación vinculados con ambos funcionarios. La Cancillería justificó la reserva argumentando que la divulgación podría “menoscabar” la confianza y los entendimientos entre ambos gobiernos, afectando la interlocución diaria y la cooperación bilateral.
Además, el Gobierno Federal clasificó por tres años las minutas de la reunión celebrada el pasado 21 de mayo en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum, miembros del Gabinete de Seguridad y el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Markwayne Mullin. Este encuentro cobró especial relevancia tras trascender que Mullin habría planteado la posible entrega de Rocha Moya e Inzunza para enfrentar las investigaciones en territorio estadounidense.
La solicitud de información fue presentada el 26 de mayo, poco más de dos meses después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos hiciera pública la acusación contra Rocha Moya, Inzunza y ocho funcionarios más del estado de Sinaloa. Según el administrador de la DEA, Terrance Cole, los acusados habrían utilizado sus cargos para proteger operaciones criminales y facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
El Comité de Transparencia de la SRE señaló que los documentos contienen posiciones institucionales, solicitudes de cooperación, estrategias de coordinación y análisis que, de hacerse públicos, podrían dañar la imagen de México y comprometer futuros acuerdos bilaterales. Esta decisión se suma a la creciente preocupación por la opacidad en temas de seguridad y relaciones internacionales, en un contexto donde la ciudadanía demanda orden y claridad en el manejo de asuntos que afectan la estabilidad y la confianza en las instituciones.
En un país donde la inseguridad y la corrupción erosionan la confianza social, la reserva prolongada de información sensible sobre funcionarios señalados por la justicia extranjera genera inquietud y cuestionamientos sobre la transparencia y la eficacia del Estado para enfrentar estos retos. Mientras tanto, la ciudad y sus habitantes siguen enfrentando un entorno cada vez más caótico, donde la falta de orden y claridad en la gestión pública se refleja también en la vida cotidiana.
