Este martes 7 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó en la conferencia matutina en Palacio Nacional que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentra en Culiacán y está “ubicable”, aunque aclaró que no está bajo vigilancia directa.
La declaración de Sheinbaum se da en un contexto delicado para Rocha Moya, quien dejó su cargo tras ser acusado por Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico. Además, su nombre ha sido vinculado a la captura de Ismael “Mayo” Zambada el 25 de julio de 2024 en un aeropuerto privado en Santa Teresa, Nuevo México, un episodio marcado por una supuesta traición y secuestro orquestado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Este tipo de señalamientos no solo afectan la estabilidad política en Sinaloa, sino que también reflejan la compleja relación entre autoridades y el crimen organizado en regiones donde la seguridad y el orden urbano se ven constantemente amenazados. En un país donde la autoridad estatal debe prevalecer para garantizar la tranquilidad de las familias y la funcionalidad de las ciudades, la permanencia de figuras cuestionadas en el poder genera incertidumbre y desconfianza.
La confirmación de que Rocha Moya está en Culiacán, sin vigilancia oficial, abre un debate sobre el control efectivo del Estado en zonas críticas y la necesidad de fortalecer mecanismos que aseguren la transparencia y el orden público. En un momento en que la sociedad demanda mayor seguridad y respeto a las instituciones, la autoridad debe actuar con firmeza para recuperar la confianza y evitar que la impunidad siga socavando el tejido social.
