Este lunes 6 de julio de 2026, un tribunal de la provincia oriental china de Jiangsu dictó la pena de muerte contra Yang Youlin, ex alto cargo del comité gestor de la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Nanjing, por aceptar sobornos que superan los 2 mil 214 millones de yuanes, equivalentes a 308.7 millones de dólares. La sentencia, que incluye la privación de derechos políticos de por vida y la confiscación total de sus bienes, refleja la gravedad con la que el sistema judicial chino castiga la corrupción que afecta el orden y la estabilidad estatal.
El Tribunal Popular Intermedio de Changzhou declaró a Yang culpable de múltiples delitos económicos: soborno, malversación, pago de sobornos, apropiación indebida de fondos públicos, abuso de poder y blanqueo de capitales, según informó el diario Legal Daily. La corte ordenó que los bienes ilícitos recuperados y sus rendimientos sean entregados al Tesoro estatal, mientras que las cantidades pendientes seguirán siendo reclamadas.
Entre 1993 y 2023, Yang utilizó sus cargos en organismos de desarrollo económico, urbanismo, construcción y turismo de Nanjing, capital de Jiangsu —una de las provincias más prósperas de China— para favorecer a empresas y particulares en adjudicaciones de obras, operaciones empresariales, cesión de terrenos y circulación de fondos. A cambio, recibió sobornos por un monto «especialmente enorme», que el tribunal calificó como causantes de un «impacto social especialmente negativo» y pérdidas graves para los intereses del Estado y la ciudadanía.
Aunque Yang colaboró aportando información sobre delitos cometidos por otros, la corte consideró insuficiente esta cooperación para reducir su condena. En China, las condenas a muerte suelen ser suspendidas por dos años y conmutadas por cadena perpetua si el condenado no reincide, pero en casos de extrema gravedad, como este, se aplican penas sin suspensión.
Desde la llegada al poder de Xi Jinping en 2012, la campaña anticorrupción ha sido implacable, alcanzando a funcionarios de todos los niveles y responsables de empresas estatales, en un esfuerzo por restaurar el orden y la confianza en las instituciones. Este fallo ejemplar reafirma la postura del Estado chino frente a la corrupción que desestabiliza el desarrollo económico y social, un recordatorio severo para quienes ponen en riesgo el bienestar colectivo.
