Documentos internos de la constructora pública del Gobierno de Sinaloa, Preecasin, revelan que entre el 4 y el 23 de abril de 2024 se realizaron tres transferencias por un total de 678 mil 900 pesos a Ahavat Logistics Solution, empresa señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de una red de huachicol y lavado de dinero vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Preecasin, organismo creado en 1987 para la producción de materiales de construcción y que desde hace 15 años ejecuta obra pública en Sinaloa, efectuó estos pagos desde una cuenta en Banorte a nombre de Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa. Sin embargo, los registros contables sólo describen las transferencias como “pago de factura”, sin detallar el bien o servicio adquirido.
Lo más preocupante es que Ahavat Logistics no aparece en el padrón de proveedores ni en el sistema Compranet del gobierno estatal, lo que impide localizar contratos o licitaciones que justifiquen públicamente estos pagos.
Ahavat Logistics Solution fue fundada en 2017 en Toluca y obtuvo en junio de 2020 un permiso para comercializar petrolíferos otorgado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Aunque declaró domicilios en Acambay y Metepec, Estado de México, operó desde un edificio en Guadalajara, donde también funcionó Jomadi Logistics & Cargo, otra empresa señalada por el Departamento del Tesoro como parte de la red de lavado de dinero del huachicol fiscal.
Ambas compañías han tenido como accionista mayoritario a José Refugio Ruiz Villagómez, acusado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) de encabezar esta red criminal.
Jomadi, que obtuvo en 2017 permiso para importar hasta 9 mil millones de litros de diésel, firmó en marzo de 2020 un polémico contrato con el régimen de Nicolás Maduro para intercambiar petróleo venezolano por gasolina, operación que desató una investigación del FBI por tráfico de combustible.
El acta constitutiva de Ahavat, con objeto social que incluye la compra, venta, importación y comercialización de hidrocarburos, señala a Ruiz Villagómez como administrador único con plenas facultades legales.
FinCEN acusa a ambas empresas de contrabandear combustible desde Estados Unidos a México y de pagar cuotas a cárteles y organizaciones criminales que controlan puntos fronterizos. Además, la Fiscalía General de la República ha señalado a Jomadi como una empresa involucrada en huachicol fiscal, con transacciones millonarias a través del sistema financiero estadounidense vinculadas al CJNG.
Este caso pone en evidencia la preocupante infiltración de redes criminales en contratos y pagos públicos, un fenómeno que amenaza la transparencia y el orden en la administración estatal. En un contexto donde la seguridad y la legalidad deberían ser prioritarias, resulta alarmante que recursos públicos terminen en manos de quienes financian la violencia y el desorden.
Mientras tanto, en otras regiones del país, proyectos como el cablebús en Puebla avanzan como alternativas de movilidad que buscan descongestionar las ciudades y recuperar el orden urbano, demostrando que es posible apostar por soluciones que beneficien a la sociedad sin comprometer la integridad institucional.
