La polémica en Puebla por el contrato de 307 mil 400 pesos otorgado al influencer Adolfo Lazzari por la Dirección de Convenciones y Parques no cesa. Este martes 30 de junio de 2026, la directora Michelle Talavera confirmó que Lazzari fue su novio, pero negó que existiera conflicto de interés en la adjudicación del contrato.
Talavera aseguró en entrevista que la relación sentimental había concluido antes de firmar el acuerdo, por lo que descartó que esto influyera en la decisión administrativa. Sin embargo, se negó a revelar la identidad de los demás influencers que, según la versión oficial, participaron en la estrategia digital para promocionar los espacios públicos, argumentando que se trata de datos personales.
Esta falta de transparencia ha generado una ola de críticas en redes sociales y entre actores políticos, quienes exigen claridad sobre quiénes fueron los beneficiarios, cuántos contenidos produjo cada uno y cuánto recibieron, especialmente tratándose de recursos públicos.
La controversia se desató luego de que se revelara que el contrato CP-PS-26-ENE-03 fue firmado para la promoción de parques administrados por el organismo. Una investigación periodística documentó que Lazzari publicó seis videos que cumplían con el contrato, pero señaló que el costo representaría un sobreprecio en comparación con las tarifas que él mismo promocionaba para servicios similares.
En respuesta, tanto el influencer como Convenciones y Parques defendieron que el contrato no se limitó a la producción de videos, sino que incluyó la coordinación de una estrategia digital con varios creadores de contenido, la cual, según el organismo, incrementó el alcance en redes sociales y la afluencia a los parques.
No obstante, la negativa de Talavera a transparentar la lista completa de influencers ha intensificado el debate sobre los estándares de rendición de cuentas que deben observar los servidores públicos, sobre todo cuando existen vínculos personales previos.
Hasta ahora, ninguna autoridad fiscalizadora ha emitido un pronunciamiento que confirme conflicto de interés o irregularidades en la contratación, pero el caso sigue siendo un foco de atención sobre la necesidad de mayor orden y claridad en el manejo de recursos públicos en Puebla.
En un contexto donde la ciudad demanda soluciones que mejoren la funcionalidad y reduzcan la saturación, la transparencia en la gestión pública es un requisito indispensable para recuperar la confianza y garantizar que las inversiones en promoción y movilidad urbana respondan a un interés colectivo y no a favores personales.
