El gobierno mexicano anunció este jueves 25 de junio de 2026 una prórroga de 184 días naturales para que los usuarios de telefonía móvil completen la vinculación de sus líneas celulares con la Clave Única de Registro de Población (CURP). Originalmente, el plazo vencía el próximo martes 30 de junio, pero ahora se extiende hasta la semana del jueves 31 de diciembre, fecha límite definitiva para los usuarios de prepago con terminación nueve (9) en su número celular.
Esta medida busca fortalecer la prevención y la investigación de delitos al asociar cada línea telefónica con la identidad de su titular, un esfuerzo que, sin embargo, ha enfrentado múltiples tropiezos desde su implementación. Según datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), al martes 23 de junio se había logrado vincular apenas el 43.28% del mercado móvil, equivalente a 63 millones de líneas, de un total de 144.5 millones registradas en 2025.
El calendario escalonado para usuarios de prepago establece fechas límite según el último dígito del número celular, con plazos que van del 5 de agosto para terminación 0, hasta el 31 de diciembre para terminación 9. Las líneas pospago, por su parte, están vinculadas automáticamente. La CRT advirtió que, una vez vencido el plazo correspondiente, las compañías suspenderán el servicio en un plazo de 72 horas para las líneas no registradas, limitando las llamadas a emergencias y servicios esenciales.
Este cambio de planes representa el primer tropiezo regulatorio para la CRT, que en diciembre de 2025 había fijado el 30 de junio como fecha fatal, a pesar de las peticiones del sector para ampliar el plazo. La ampliación, aunque legalmente amparada por la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, evidencia la falta de planeación y la presión técnica que enfrentan las empresas para adecuar sus sistemas en un tiempo tan corto.
El registro telefónico, cuyo costo de infraestructura supera los 4 mil millones de pesos, ha generado polémica desde su nacimiento. Operadores móviles virtuales reportaron la pérdida de más de un millón de accesos debido a complicaciones técnicas, mientras que los operadores de red también reconocieron pérdidas similares. Este escenario pone en entredicho la eficacia de una política que, aunque bien intencionada en materia de seguridad, complica la vida cotidiana de millones de usuarios y añade presión a un mercado ya saturado.
En un contexto donde la movilidad y la funcionalidad urbana son cada vez más valoradas por los ciudadanos, la extensión del plazo para este registro refleja la necesidad de políticas públicas que anticipen problemas y eviten saturar aún más los sistemas, ya sea en telecomunicaciones o en infraestructura urbana. La experiencia del registro telefónico debe servir como lección para futuras iniciativas que busquen equilibrar seguridad, orden y eficiencia sin sacrificar la comodidad y el tiempo de los usuarios.
