A nueve meses del inicio de la huelga en Nacional Monte de Piedad, el sindicato de trabajadores mantiene firme su postura de no levantar el paro hasta que se establezca una mesa de negociación formal que garantice el respeto pleno a sus derechos laborales. El conflicto comenzó el 1 de octubre de 2025 y, hasta este martes 23 de junio de 2026, no muestra señales de resolverse pronto.
Guillermo Durán Ramón, secretario general de la Sección Cuatro del Sindicato en Aguascalientes, desmintió categóricamente las versiones que circulan sobre un posible levantamiento de la huelga en los próximos días. “No hay negociaciones concretas y cualquier acuerdo debe ser estrictamente en beneficio de los agremiados”, afirmó. Además, insistió en la necesidad de blindar el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) para evitar modificaciones o afectaciones permanentes que pongan en riesgo las condiciones laborales.
Aunque reconoció que la llegada de José Antonio Murillo Garza como nuevo director de Monte de Piedad ha abierto canales de diálogo más serios en la Ciudad de México, Durán Ramón aclaró que estas conversaciones no representan una solución definitiva. “Los trabajadores no regresarán a laborar hasta que los acuerdos estén firmados y garantizados”, sentenció.
La huelga ha provocado el cierre de sucursales en todo el país, generando incertidumbre entre los usuarios que continúan pagando intereses y, en algunos casos, sin recuperar sus prendas pese a haber liquidado sus préstamos. Mientras tanto, los trabajadores mantienen guardias en las instalaciones para resguardar los artículos.
Pese a la falta de salarios y prestaciones durante estos más de 260 días de paro, Durán Ramón destacó la solidaridad y resistencia de los empleados en Aguascalientes, quienes buscan alternativas para sostenerse sin abandonar sus responsabilidades sindicales. En cuanto a una posible fecha para la solución, el líder sindical mencionó que podría haber avances hacia finales de junio o mediados de julio, aunque hasta ahora no hay nada concreto.
Finalmente, el dirigente advirtió que la reactivación de las sucursales y el regreso a la normalidad operativa dependerán exclusivamente de la disposición de la empresa para cumplir y respetar los acuerdos. “No aceptaremos convenios en abonos ni promesas falsas. Si la administración incumple, como en el acuerdo anterior, continuaremos con las acciones legales y protestas necesarias”, concluyó.
Este prolongado conflicto refleja la complejidad de mantener el orden y la funcionalidad en instituciones clave para la economía popular, mientras se busca preservar los derechos laborales en un contexto donde la incertidumbre y la falta de diálogo efectivo amenazan la estabilidad social y financiera de miles de familias.
