El alcalde de San Rafael, Veracruz, Gil Armando Méndez Grappin, enfrenta graves señalamientos por presuntamente haber ocultado a su sobrino, Ricardo R. S., acusado del feminicidio de Andrea Maylín Chino Ramos en Yautepec, Morelos. La denuncia fue hecha pública por la Colectiva Resistencia Feminista Yautepec, que acusa al edil, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de usar su influencia para proteger al presunto criminal y a sus padres, quienes también están implicados por encubrimiento y complicidad.
Según la agrupación feminista, Méndez Grappin es familiar directo de Viola S., madre de Ricardo R. S., y esposa de Ricardo R. C., ambos detenidos el 17 de junio de 2026. Viola fue arrestada en San Rafael, Veracruz, mientras que su esposo fue capturado en el Estado de México. Juan Carlos Chino Mauricio, padre de la víctima, confirmó las detenciones a través de redes sociales, y la Resistencia Feminista enfatizó: “Proteger a un asesino no es amor de padres, es complicidad”.
El caso de Andrea Maylín, desaparecida el 20 de junio de 2025 en Yautepec, conmocionó a la sociedad morelense y a colectivos feministas. La joven de 22 años fue vista por última vez con Ricardo R. S., quien tardó tres días en informar a la familia sobre su desaparición. Su cuerpo fue hallado el 30 de julio de 2025 en un predio cercano al domicilio del presunto feminicida, lo que llevó a la Fiscalía General del Estado de Morelos a iniciar una investigación formal. Desde entonces, Ricardo R. S. permanece prófugo, presuntamente protegido por sus padres.
La detención de Viola y Ricardo R. C. fue posible gracias a la Ley Monse, pionera en México y aprobada primero en Morelos tras el feminicidio de Monserrat Bendimes en 2021. Esta legislación elimina la «excusa absolutoria» que permitía a familiares encubrir delitos graves amparándose en lazos sanguíneos o afectivos. Veracruz aprobó la misma reforma el 28 de octubre de 2025, pero el alcalde Méndez Grappin habría continuado ocultando a sus familiares después de esa fecha.
Aruzy Unda, vocera del colectivo Las Brujas del Mar, advirtió que el presidente municipal podría ser objeto de investigación por parte de las autoridades, dada la gravedad de los hechos y su presunta complicidad. Este caso pone en evidencia la urgente necesidad de que los servidores públicos actúen con responsabilidad y ética, especialmente en un contexto donde la violencia contra las mujeres sigue siendo una crisis nacional.
