La agrupación “100 Periodistas por el Estado de México” ha alzado la voz ante lo que consideran un intento de criminalización del ejercicio periodístico en Tenancingo, municipio gobernado por Nancy Nápoles Pacheco. El conflicto estalló tras la emisión de citatorios por parte de la policía municipal hacia cuatro comunicadores que participan en el espacio “La Madeja Política de Tenancingo”: Ángel Ávila Calvo, Alejandro López Vázquez, Ramón Castañeda Mondragón y Arturo Escobar Sánchez.
El pasado 2 de junio, estos periodistas fueron notificados para comparecer ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSG) en Metepec, en el marco de la carpeta de investigación 275/2026. Se les acusa de presuntos actos de violencia digital reiterada, hostigamiento, intimidación y daño a la reputación, derivados de publicaciones y comentarios en redes sociales relacionados con la alcaldesa.
Según el colectivo, las imputaciones incluyen expresiones de insulto, sarcasmo e ironía, pero los comunicadores defienden que sus contenidos forman parte del análisis crítico sobre la administración municipal, enfocándose en temas como servicios públicos, obra pública, transparencia, sueldos y presuntos casos de nepotismo.
Lo más grave, denuncian, es que la alcaldesa habría solicitado una reparación del daño por 125 mil pesos para cada uno de los periodistas, argumentando que sus publicaciones la revictimizan al retomar un presunto secuestro que ella misma difundió en un video. Este episodio, que generó conmoción en la región, ahora se utiliza como pretexto para limitar la libertad de expresión y el escrutinio público.
Además, la presidenta municipal habría pedido a la ciudadanía evitar comentarios en redes sociales sobre su gestión y no difundir contenidos de la prensa local, una medida que el colectivo califica como una restricción directa a la libre discusión pública y al debate democrático.
Este caso abre un debate crucial sobre los límites entre la libertad de expresión y el derecho al honor de los servidores públicos, así como sobre la ponderación del interés público frente a figuras políticas en funciones.
“100 Periodistas por el Estado de México” hizo un llamado urgente a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y al Congreso local para que garanticen condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico y eviten la criminalización de quienes informan y cuestionan. Este reclamo cobra especial relevancia en un contexto donde las reformas para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos están en marcha, pero la realidad en municipios como Tenancingo parece ir en sentido contrario.
En un país donde la libertad de prensa es pilar fundamental para la democracia y la rendición de cuentas, la intimidación y el uso de mecanismos legales para silenciar voces críticas representan un retroceso que debe ser atendido con firmeza. La sociedad exige un orden que permita la convivencia pacífica y el respeto a la labor informativa, sin que el poder político se convierta en un obstáculo para la transparencia y el debate público.
