El viernes 19 de junio de 2026, la polémica en torno a Arianna Ferretiz, conocida en redes como “Lady Cholula”, vuelve a encenderse tras la difusión de un podcast en el que la mujer relata con detalle un violento ataque cometido años atrás en Tuxtepec, Oaxaca.
Ferretiz, quien recientemente fue detenida en San Andrés Cholula por conducir en estado de ebriedad, no solo enfrenta la condena social por ese incidente, sino que ahora resurge un episodio que pone en entredicho su comportamiento y valores. En el programa “Un Shot con Uri Díaz”, la influencer narró sin arrepentimiento cómo, a los 19 años, atacó con tijeras a una joven de 16 años, alumna del plantel 07 del COBAO en Tuxtepec, en un conflicto que ella misma relacionó con un asunto sentimental y con la figura de José Antonio Pérez Aréchiga, militante de Movimiento Ciudadano, a quien vinculó con la delincuencia organizada.
Según su relato, Ferretiz planeó el ataque con premeditación: introdujo unas tijeras de contrabando en un bolso, acudió al centro nocturno “Cactus” y, bajo la apariencia de un abrazo amistoso, procedió a cortar violentamente el cabello de la menor. La agresión no solo dejó a la víctima “pelona”, como ella misma presumió en Facebook, sino que también provocó heridas punzocortantes a un tercero que intentó intervenir, desatando una riña en el lugar.
Este episodio, que la propia Ferretiz admitió sin mostrar remordimiento, se suma a otros altercados violentos documentados por el medio regional El Piñero de la Cuenca, donde se señala la participación de ella y su familia en al menos dos incidentes más.
El resurgimiento de este oscuro capítulo coincide con la reciente notoriedad que “Lady Cholula” alcanzó tras su detención por conducir ebria en San Andrés Cholula, Puebla, un hecho que generó rechazo público y el distanciamiento de figuras políticas locales.
En un contexto donde la seguridad y el orden urbano son prioridades para la ciudadanía, este tipo de conductas violentas y la impunidad con que se presumen en espacios públicos y digitales solo contribuyen a la percepción de caos y deterioro social que afecta la convivencia y la tranquilidad en las ciudades. Mientras tanto, la sociedad reclama respuestas firmes y un Estado que garantice la autoridad y el respeto a las normas, valores esenciales para la estabilidad y el bienestar colectivo.
