La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aclaró este martes 16 de junio de 2026 que no tiene ninguna responsabilidad ni opinión sobre la entrega del militar en retiro Gerardo Mérida a las autoridades de Estados Unidos, acusado de presuntos nexos con el crimen organizado. Así lo afirmó el titular de la Sedena, general Ricardo Trevilla, quien también negó cualquier vínculo institucional con el nombramiento del exsecretario de Seguridad en Sinaloa, una polémica que ha generado controversia política en esa entidad.
El general Trevilla explicó que Mérida Sánchez pasó a situación de retiro en 2022 y desde entonces no mantiene relación laboral alguna con la Sedena, salvo trámites administrativos relacionados con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, que incluyen pagos de haberes y servicios médicos para él y su familia.
Respecto a las declaraciones de la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, quien responsabilizó a la Defensa Nacional por el nombramiento de Mérida, el general Trevilla calificó la acusación como una “mala interpretación”. Señaló que los gobiernos estatales son autónomos y pueden solicitar apoyo a la Sedena para obtener opiniones sobre el perfil profesional de militares en retiro, pero la decisión final recae en las autoridades locales.
Al ser cuestionado sobre si la Sedena tenía conocimiento de la situación legal de Mérida en Estados Unidos, el general fue tajante: “No”.
Este deslinde se produce en un contexto donde la seguridad pública y la confianza en las instituciones militares y policiales son temas sensibles para la sociedad mexicana, que demanda orden y autoridad clara para enfrentar la creciente inseguridad. La Sedena, al mantener distancia de este caso, busca preservar su imagen como garante del orden y la disciplina, sin involucrarse en decisiones políticas estatales que puedan afectar su prestigio.
En un país donde la corrupción y la impunidad erosionan la confianza ciudadana, la claridad institucional es indispensable para recuperar el orden y la funcionalidad en la vida pública. La autonomía de los gobiernos estatales debe ir acompañada de responsabilidad y transparencia, especialmente en cargos relacionados con la seguridad, para evitar que la ciudad y el país se conviertan en espacios caóticos y saturados de desconfianza.
