La tarde del jueves 11 de junio de 2026, en la concurrida intersección de la calle 14 Oriente y la 3 Norte, en San Andrés Cholula, se registró un incidente que ha encendido la polémica sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Montada local. Al menos cinco agentes sometieron con violencia a una mujer, mientras sus dos hijos menores presenciaban la agresión, situación que ha generado preocupación por el respeto al orden público y la protección de la familia en espacios urbanos.
El episodio fue captado por una de las menores, de aproximadamente 12 años, quien grabó con su celular cómo su madre era sometida por los uniformados. En medio de gritos y llanto, los niños suplicaban que cesara la agresión y trataban de auxiliar a su madre, mientras los policías intentaban impedir la grabación, incluso jaloneando e intimidando a los menores.
Las autoridades municipales justificaron la intervención argumentando que la mujer conducía bajo los efectos del alcohol y había chocado contra maceteros en una zona peatonal, poniendo en riesgo a los visitantes y a sus propios hijos. Sin embargo, la forma en que se llevó a cabo la detención ha sido cuestionada por la evidente falta de contención y respeto a los derechos humanos, especialmente en un área de alta afluencia turística y familiar.
La menor que grabó el video requirió atención médica de emergencia debido al estrés y los jaloneos sufridos durante el altercado, lo que añade una dimensión preocupante sobre el impacto de estas acciones en la integridad de los niños.
Este incidente pone en evidencia la necesidad de un equilibrio entre la autoridad policial y la protección de la familia y el orden en la ciudad, donde la seguridad debe garantizarse sin sacrificar la dignidad ni la tranquilidad de los ciudadanos. En un contexto urbano cada vez más saturado y caótico, es imprescindible que las fuerzas del orden actúen con prudencia y respeto, evitando que situaciones como esta deterioren la confianza en las instituciones y compliquen aún más la convivencia en espacios públicos.
La ciudadanía exige que se esclarezcan los hechos y se establezcan protocolos claros para evitar abusos, especialmente en zonas donde la movilidad y la seguridad deben ser prioridad para recuperar la funcionalidad y el orden en la ciudad.
