La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó este jueves 10 de junio de 2026 iniciar un juicio político contra el gobernador Samuel García, acusado de triangular recursos públicos hacia despachos vinculados con su familia.
La solicitud, promovida por la bancada de Morena desde el 8 de junio, fue discutida y votada pese a la ausencia de varios diputados morenistas en la sesión. Con la decisión mayoritaria, el mandatario estatal será notificado y tendrá un plazo de 15 días hábiles para responder por escrito o de manera presencial ante el Poder Legislativo local.
Este procedimiento se suma a la investigación que desde abril mantiene abierta la Fiscalía General de la República (FGR) contra García, por presuntamente orquestar un esquema financiero para desviar y lavar más de mil millones de pesos. Según las indagatorias, el gobernador habría utilizado un modelo de triangulación de fondos públicos para beneficiar directamente a su círculo familiar, principalmente a través del despacho “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”, cuyos accionistas principales son su padre y medio hermano.
Los recursos públicos, canalizados mediante diversas empresas y proyectos estatales, habrían terminado en cuentas del despacho familiar y posteriormente transferidos a la inmobiliaria “Saga Tierras y Bienes Inmuebles”. Esta última habría recibido más de mil millones de pesos, que luego fueron enviados a jurisdicciones fuera de México, incluso a Estados Unidos, con el aparente fin de dificultar el rastreo y ocultar el origen público del dinero.
Samuel García ha rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas como un “refrito” y asegurando que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya resolvió no ejercer acción penal tras analizar las pruebas. En sus redes sociales, el gobernador afirmó que “son falsos todos los señalamientos” y que la resolución estatal es definitiva.
Este caso pone en evidencia la creciente desconfianza ciudadana hacia la clase política y la urgente necesidad de fortalecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos. En un contexto donde la corrupción mina la confianza en las instituciones, la sociedad exige orden y justicia para recuperar la funcionalidad y el bienestar en sus comunidades.
