La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene vigente una orden de aprehensión contra Francisco “N”, conocido como Paco Pachangas, profesor de la preparatoria La Salle campus Benjamín Franklin, por el delito de abuso sexual calificado en agravio de alumnos adolescentes.
Con más de 30 años de trayectoria en la institución, el docente es investigado por presuntos abusos ocurridos en distintos momentos, tanto dentro como fuera del entorno escolar, en espacios vinculados a la congregación lasallista. La carpeta de investigación CI-FIDCANNA/E/UI-E-11/00518/11-2024 detalla que Francisco “N” también desempeñaba funciones de acompañamiento para estudiantes con problemáticas familiares, lo que le permitía establecer contacto cercano con alumnos fuera del plantel bajo el argumento de actividades de apoyo y orientación.
Uno de los casos documentados ocurrió en abril de 2009, cuando un estudiante de 16 años fue trasladado desde el campus ubicado en la colonia Condesa hacia una de las denominadas Casas de los hermanos lasallistas, inmuebles usados por la congregación como espacios recreativos y de convivencia. Según la declaración ministerial, el traslado se realizó en un vehículo particular y, al llegar al inmueble, el docente mostró distintas áreas antes de conducir al alumno a una habitación, donde ocurrieron actos de carácter sexual.
Tras los hechos, el estudiante regresó al plantel acompañado por el profesor, quien habría hecho comentarios sobre la posibilidad de influir en sus calificaciones, elemento que forma parte de la carpeta de investigación. Además, se señala que el docente mantuvo contacto posterior con el alumno a través de medios electrónicos y que otros estudiantes identificaron conductas y mensajes inapropiados en redes sociales.
La denuncia sostiene que este caso no sería un hecho aislado. El denunciante manifestó que con el paso de los años conoció a otros exalumnos que compartieron experiencias similares relacionadas con el docente. Estos testimonios, aunque aún por corroborar, forman parte del análisis del Ministerio Público para determinar el alcance de las acusaciones y establecer si existen más personas afectadas.
Asimismo, los testimonios indican que los comentarios sobre el comportamiento del profesor circularon entre estudiantes de distintas generaciones, y que algunos alumnos reportaron que las conductas atribuidas al docente eran conocidas dentro de la comunidad escolar, aunque no se habrían activado medidas inmediatas por parte de las autoridades institucionales.
De acuerdo con la denuncia, algunos alumnos buscaron apoyo de personal escolar tras conocer o experimentar situaciones relacionadas con el profesor. Sin embargo, consideran que las acciones adoptadas por directivos y responsables de atención estudiantil fueron insuficientes.
Un punto clave que la Fiscalía deberá esclarecer es qué información conocieron las autoridades del plantel y qué medidas implementaron tras recibir reportes sobre la conducta atribuida al docente. Hasta el momento, no existe una determinación judicial sobre una posible responsabilidad institucional.
Este caso pone en evidencia la urgente necesidad de reforzar la vigilancia y protocolos en instituciones educativas para proteger a los estudiantes y garantizar un ambiente seguro y ordenado, valores fundamentales para preservar la integridad familiar y social en nuestra ciudad.
