La Fiscalía General de la República (FGR), bajo la dirección de Ernestina Godoy, alista una causa penal contra el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, por supuestos vínculos de su administración con operaciones del grupo criminal “Los Cabrera”, una facción del cártel sinaloense conocido como “La Mayiza”. Así lo revelaron fuentes cercanas a la investigación a La Silla Rota.
El expediente apunta a que el gobierno estatal habría protegido a Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, presunto sucesor de Ismael “Mayo” Zambada, actualmente procesado en Estados Unidos. Tras la detención de “El Mayo” en julio de 2024, Durango se convirtió en escenario de violentos enfrentamientos entre “Los Cabrera” y la banda rival “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Villegas, de 50 años, asumió el cargo en septiembre de 2022 tras una alianza electoral con el PAN y PRD. Su trayectoria política incluye cargos como alcalde de Durango, secretario de Salud estatal y diputado local en dos ocasiones. Según las fuentes, el gobernador está al tanto del expediente que también involucra a otros funcionarios, entre ellos la fiscal general Sonia Yadira de la Garza. Un colaborador cercano a ella habría fungido como enlace entre la fiscalía local y Zambada Sicairos.
El mandatario habría advertido a su círculo cercano sobre la inminente acción de la FGR, lo que provocó que al menos uno de sus colaboradores abandonara el estado. Por su parte, “El Mayito Flaco” también habría salido de Durango y su paradero es desconocido.
Con esta investigación, Durango se suma a la lista de estados donde gobernadores enfrentan procesos penales, como el caso del morenista Rubén Rocha Moya, actualmente con licencia en Sinaloa. Este escenario refleja la compleja relación entre autoridades estatales y grupos criminales, que amenaza la estabilidad y el orden en regiones clave del país.
En un contexto donde la seguridad y el orden urbano son prioritarios para la ciudadanía, la transparencia y la firmeza en la aplicación de la ley resultan indispensables para recuperar la confianza y garantizar un entorno funcional y seguro para las familias mexicanas.
