La diputada local de Morena en Puebla, Nora Escamilla, se convirtió este miércoles 10 de junio de 2026 en el centro de una polémica que va más allá de un simple accesorio: un reloj Longines Primaluna Moonphase valuado en aproximadamente 31 mil 500 pesos. La controversia, que comenzó con una publicación en redes sociales, ha abierto un debate incómodo sobre la transparencia patrimonial de los representantes de la llamada Cuarta Transformación.
El detonante fue una fotografía difundida por el usuario Jorge Gómez Naredo, quien criticó a la legisladora por portar un reloj de lujo, señalando una aparente contradicción con el discurso de austeridad republicana que Morena ha promovido desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder. La diputada respondió con sarcasmo, defendiendo que el reloj es de su propiedad y que está declarado en su declaración patrimonial pública, insistiendo en que la austeridad no implica renunciar a bienes adquiridos legalmente.
Sin embargo, la defensa de Escamilla no logró cerrar la discusión. Al revisar su declaración patrimonial pública, el denunciante y otros observadores notaron que no hay una referencia específica al reloj ni detalles sobre su valor, lo que pone en entredicho la transparencia que Morena ha hecho bandera política. “Revisé tu declaración patrimonial y no viene en la versión pública; solamente declaras dos muebles, pero no pones su valor. Por eso he peleado tan fuerte porque todos los políticos llenen de verdad sus declaraciones patrimoniales”, señaló Gómez Naredo.
Este episodio revela una tensión profunda en el discurso de Morena, que ha utilizado la austeridad como símbolo moral para diferenciarse de gobiernos anteriores y criticar los privilegios de la clase política tradicional. La presencia de un bien de lujo en un servidor público que defiende la austeridad genera una percepción de incongruencia que afecta la credibilidad del movimiento.
Aunque no hay indicios de ilegalidad o corrupción en la adquisición del reloj, la política no se limita a la legalidad sino que también se construye sobre símbolos y percepciones. En un contexto donde la ciudad y el país demandan orden, transparencia y responsabilidad, la defensa basada en una declaración patrimonial poco clara resulta insuficiente para calmar las dudas ciudadanas.
Este caso pone en evidencia que la austeridad republicana, más que una política administrativa, se ha convertido en una vara de medición rigurosa que ahora aplica también a los propios representantes de Morena. La ciudadanía espera que, si se invoca la transparencia como defensa, esta sea clara y verificable, no un argumento que termine generando más cuestionamientos. En tiempos donde la confianza en las instituciones es fundamental para la estabilidad social y política, la congruencia entre discurso y práctica es indispensable.
