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Pastor enfrenta cuatro años de cárcel por ataque mortal de sus perros a una joven en Zamora

El próximo jueves 28 de mayo de 2026 comenzará en el juzgado de lo Penal de Zamora el juicio contra Pedro G., un pastor de 60 años acusado de homicidio imprudente tras el ataque mortal de sus perros a Arancha C., una joven de 27 años. Los hechos ocurrieron el 24 de octubre de 2023 en los alrededores de Roales del Pan, un pequeño municipio de mil habitantes en Zamora.

Arancha, auxiliar de enfermería y residente en el mismo pueblo junto a sus padres, salió a correr con su perro cuando fue atacada por siete perros sueltos que custodiaban el rebaño de ovejas del pastor. La joven logró alertar por teléfono a su madre mientras sufría más de 100 mordidas, pero falleció antes de que los servicios sanitarios pudieran salvarla.

La Guardia Civil, encargada de la investigación, detuvo al propietario de los animales —tres mastines, dos pastores alemanes y dos crías— que fueron sacrificados posteriormente en un centro veterinario en Simancas, Valladolid. Pedro G. se negó a declarar tras su arresto y fue inicialmente encarcelado de forma provisional por el riesgo que representaba la conducta negligente con sus perros, aunque quedó en libertad bajo fianza a la espera del juicio.

La Fiscalía reclama dos años y medio de prisión, mientras que la familia de la víctima exige cuatro años y una indemnización de 250,000 euros. La acusación se basa en que el pastor no tenía control sobre sus perros ni estaba presente en el momento del ataque, lo que podría haber evitado la tragedia.

Vecinos de Roales del Pan y La Hiniesta, donde se ubica la explotación ganadera de Pedro G., han expresado su consternación y advertido que los perros sueltos y descontrolados eran una amenaza recurrente para caminantes, deportistas y agricultores. “Era cuestión de tiempo”, afirmó un habitante local, recordando incidentes previos en los que la jauría causó daños y miedo en la comunidad.

Este caso pone en evidencia la necesidad de reforzar la responsabilidad de los propietarios de animales potencialmente peligrosos y la vigilancia estatal para evitar que la negligencia derive en tragedias irreparables. El juicio de este jueves será clave para establecer un precedente en la defensa del orden y la seguridad en zonas rurales, donde la convivencia entre humanos y animales debe regirse por normas claras y estrictas.

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