La propuesta para controlar el precio de las rentas en Puebla, presentada a finales de abril por la diputada local de Morena, Elisa Limón Balderrábano, ha encendido las alarmas entre los profesionales del sector inmobiliario. Julio Javier Préstamo Abrego, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios (AMPI) de Puebla, advirtió que esta medida podría ahuyentar inversiones y agravar el déficit habitacional que actualmente alcanza un preocupante 18 por ciento en la entidad.
En conferencia, Préstamo Abrego calificó la iniciativa como un freno a la inversión privada, recordando que los inversionistas inmobiliarios requieren hasta 20 años para recuperar su capital mediante las rentas. Citó el caso de San Francisco, Estados Unidos, donde la regulación del incremento en las rentas provocó una reducción del 15 por ciento en la oferta de vivienda, lo que, advirtió, en Puebla dispararía los precios debido a la menor disponibilidad.
Por su parte, Arturo Sánchez, consejero directivo de AMPI Puebla, señaló que en la zona metropolitana existen 350 mil inmuebles en renta, cifra insuficiente para atender la demanda anual de 60 mil estudiantes que llegan a la capital poblana, quienes desplazan a familias locales en la búsqueda de vivienda. Sánchez enfatizó que la solución no es controlar los precios, sino fomentar la construcción de más inmuebles para responder al crecimiento y desarrollo del estado.
El presidente de AMPI Puebla también destacó que Puebla se encuentra entre los seis estados con las rentas más accesibles del país, y que las zonas más afectadas por la iniciativa serían la capital, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Cuautlancingo.
Este debate pone en evidencia la tensión entre la necesidad de proteger a las familias poblanas del aumento en los costos de vivienda y la urgencia de mantener un mercado inmobiliario dinámico que garantice la oferta suficiente. La historia reciente demuestra que las intervenciones estatales en el libre mercado inmobiliario suelen tener consecuencias contraproducentes, afectando principalmente a quienes se busca proteger. En un contexto donde la seguridad y el orden social dependen también de la estabilidad económica, resulta indispensable que las autoridades opten por políticas que fomenten la inversión y el desarrollo sostenible, en lugar de imponer controles que podrían profundizar la crisis habitacional.
