La Comisión Federal de Electricidad (CFE), una de las instituciones más emblemáticas del México posrevolucionario, vuelve a estar en el ojo del huracán. En pleno contexto de recortes presupuestales y restricciones a las “pensiones doradas” para miles de jubilados, se destapa un caso que ha causado indignación y asombro: Paulina González Garibay, exempleada de la CFE en el área de Distribución, con sede en Puebla, reportó un ingreso anual de más de 60 millones de pesos en 2023, de acuerdo con su declaración patrimonial.
El escándalo no concluye ahí. El pasado 27 de febrero de 2025, la División de Distribución Centro Oriente de la CFE en Puebla emitió una carta oficial restringiendo el acceso de González Garibay a las instalaciones. Según el oficio firmado por el Licenciado Manuel Dehesa Toledo, jefe del Departamento de Servicios Generales, la empresa de vigilancia Secumax recibió instrucciones claras: no permitir el ingreso de la funcionaria “por ningún motivo”, solicitando además la más estricta discreción al personal de seguridad.
La opacidad en torno a las razones de esta drástica medida ha avivado la suspicacia en la opinión pública, en especial entre quienes defienden la transparencia y el correcto manejo de los recursos públicos en dependencias federales.
El detalle más alarmante proviene de la declaración patrimonial de González Garibay correspondiente a 2024, en donde reporta una remuneración neta anual de 60,343,974 pesos por su cargo público durante el año anterior. No se consignan otros ingresos adicionales por actividades industriales, comerciales, financieras o de servicios profesionales, lo que eleva el monto total percibido exclusivamente a través de la CFE.
Este caso adquiere un matiz aún más escandaloso cuando se contrasta con la situación actual de más de 93 mil jubilados de organismos estatales como Pemex, CFE, Banobras y la extinta Luz y Fuerza del Centro, quienes enfrentan una reducción de hasta el 60% en sus pensiones mensuales debido a la reforma al artículo 127 constitucional. Esta reforma, impulsada bajo la bandera de austeridad y combate a los privilegios, impone un tope máximo de $67,145 pesos mensuales a partir de 2026 —el 50% del salario neto presidencial—, exceptuando únicamente a los integrantes de las fuerzas armadas.
La aplicación retroactiva de esta medida ha generado una ola de litigios y la conformación de un Frente Nacional de Defensa, pues especialistas en derecho consideran que contraviene el principio de irretroactividad de la ley, consagrado en el artículo 14 de la Constitución.
En medio de este clima de incertidumbre y descontento social, la noticia de una funcionaria con ingresos multimillonarios resulta no solo desconcertante, sino profundamente ofensiva para miles de familias que han dedicado su vida al servicio público y ahora ven amenazada su estabilidad económica.
Históricamente, las instituciones del Estado mexicano han sido baluarte de la movilidad social y el bienestar de las familias, pilares del orden y la cohesión nacional. Sin embargo, casos como el de Paulina González Garibay ponen en entredicho el verdadero destino de los recursos públicos y la efectividad de la supervisión administrativa.
Mientras la ciudadanía exige cuentas claras y un alto a los excesos, la CFE y las autoridades responsables tienen ante sí el reto de restaurar la confianza en las instituciones y defender los principios de justicia y equidad que han cimentado la vida pública nacional. En tiempos de crisis, la transparencia y el respeto a la legalidad son más necesarios que nunca para salvagu
