En pleno siglo XXI, México aún no logra dejar atrás prácticas discriminatorias y el perfilamiento racial que, lejos de pertenecer a un pasado superado, continúan afectando gravemente a los grupos afromexicanos. Así lo denunció Isabelle Mamadou, presidenta del grupo de trabajo de expertos sobre Afrodescendientes de la ONU, al concluir su visita oficial a nuestro país, acompañada por Catherine Namakla.
Mamadou fue clara y contundente: “El perfilamiento racial sigue siendo endémico en el país. El color de piel continúa utilizándose como criterio de sospecha en controles policiales y operativos migratorios, en estaciones de autobuses y aeropuertos. México aún no sabe cuántas personas afrodescendientes desaparecen, migran o acceden a la justicia”. Esta declaración deja en evidencia una realidad incómoda que muchas autoridades prefieren ignorar.
La experta internacional también alertó sobre la falta de datos desagregados en sectores clave, un vacío que impide la formulación de políticas públicas efectivas y perpetúa las desigualdades. En un país que presume de avances democráticos y reformas constitucionales, resulta inaceptable que aún no se cuente con información estadística precisa sobre la población afromexicana. Sin datos reales, cualquier intento de solución se convierte en simple retórica.
En conferencia de prensa, Mamadou y Namakla reconocieron las reformas legales y la mayor visibilidad de los afromexicanos en los últimos años. Sin embargo, advirtieron que el reconocimiento constitucional no puede quedarse solo en el papel: “El reconocimiento sin implementación corre el riesgo de convertir un logro histórico en una promesa vacía, afianzando más la desigualdad en lugar de resolverla”.
Las expertas subrayaron la necesidad de cambios estructurales: reformas legales, justicia reparadora, modificación de planes de estudio y el fortalecimiento de mecanismos que garanticen una verdadera inclusión. Además, hicieron hincapié en que las políticas públicas deben ser diferenciadas y diseñadas en estrecha consulta con las comunidades afromexicanas, en lugar de limitarse a adaptaciones superficiales de marcos creados para otros grupos.
Históricamente, México ha tardado en reconocer el invaluable aporte de los afromexicanos a la construcción nacional. A pesar del reciente reconocimiento constitucional, queda claro que sin voluntad política sostenida, reformas profundas y la participación significativa de las propias comunidades, la deuda histórica solo seguirá acrecentándose.
El llamado de la ONU es claro y apremiante: no basta con proclamar igualdad desde los despachos oficiales; se requieren acciones concretas, orden y autoridad para garantizar condiciones justas para todos los mexicanos, sin excepciones ni favoritismos.
Se espera que el Grupo de Trabajo de la ONU presente un informe completo sobre su visita al Consejo de Derechos Humanos entre septiembre y octubre de este año. Será entonces cuando la comunidad internacional podrá evaluar con rigurosidad si México está dispuesto a enfrentar sus desafíos históricos o si, una vez más, las promesas de inclusión quedarán en letra muerta.
