Este jueves, el Congreso de Puebla aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal que impone hasta 22 años y medio de prisión a quienes incurran en cohabitación forzada, una práctica que atenta contra la integridad de menores de edad y personas vulnerables. Con esta decisión, Puebla se convierte en la decimotercera entidad del país en legislar sobre este grave problema, marcando un hito en la defensa de los valores familiares y la protección de la niñez.
La reforma al artículo 224 del Código Penal establece penas de 8 a 15 años de cárcel para quienes obliguen a menores de 18 años o personas en situación de vulnerabilidad a unirse informalmente con otra persona en condiciones similares al matrimonio. La sanción puede aumentar hasta 22 años y medio si la víctima pertenece a una comunidad indígena o afromexicana, o si el agresor tiene una relación de parentesco, tutela, autoridad o dependencia con la víctima.
El dictamen, impulsado por legisladores de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista (PVEM), responde a una realidad alarmante: una de cada cinco mujeres en México se une en pareja antes de cumplir los 18 años. Además, en 2022 se registraron más de 9 mil nacimientos de madres menores de 15 años en el país, cifras que reflejan la urgencia de frenar la desintegración social y el abandono de valores tradicionales.
La iniciativa busca reducir los índices de deserción escolar y embarazo adolescente, males que suelen estar asociados a estas uniones forzadas. El Congreso enfatizó la importancia de proteger a quienes, por su edad o condición, no tienen la capacidad de resistir o comprender el significado de tales uniones, y de erradicar prácticas que perpetúan la violencia y la desigualdad.
El Consejo Nacional de Población (Conapo) reveló que en 2025 Puebla registró una tasa de fecundidad forzada en niñas de 12 a 14 años de 2.95 nacimientos por cada mil menores, superando el promedio nacional de 2.39. Esta estadística mantiene al estado entre los diez con mayor incidencia, pese a que la proporción estatal ha disminuido respecto a 2018, cuando era de 3.68 nacimientos por cada mil niñas de ese rango de edad. Sin embargo, la reducción no ha sido suficiente para sacar a Puebla de los primeros lugares en este preocupante indicador.
El estudio “Características sociodemográficas de las niñas madres y de los progenitores de las(os) hijas(os) de niñas de 10 a 14 años”, elaborado por Conapo, colocó a Puebla el año pasado en el octavo lugar nacional, solo detrás de entidades como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Campeche, Michoacán y Veracruz.
Detrás de estas cifras persisten factores como la discriminación estructural, la pobreza, los usos y costumbres y las uniones arregladas entre familias, elementos que continúan normalizando matrimonios y convivencias tempranas. La reforma aprobada este jueves representa un avance significativo en la restauración del orden y la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad, en un contexto donde la autoridad estatal debe prevalecer para garantizar el bienestar y el futuro de las nuevas generaciones.
