Un juez de control en Puebla vinculó a proceso a Rafael “Z”, empresario farmacéutico de 67 años, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, tras la audiencia celebrada en el Centro de Justicia de la 11 Sur. Con esta resolución, el presunto responsable de los ataques armados en la Vía Atlixcáyotl permanecerá recluido en el penal de San Miguel, específicamente en el Dormitorio W, destinado a personas consideradas de alta peligrosidad.
El proceso judicial se definió luego de que venciera el plazo de 144 horas otorgado por el juez Guillermo Valdez Luna, quien concedió la duplicidad del término constitucional a la defensa para aportar elementos que demostraran la inocencia del empresario. Sin embargo, tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), el juzgador determinó que existían indicios suficientes para iniciar formalmente el proceso penal.
El caso que llevó a esta primera vinculación a proceso corresponde al ataque contra un joven motociclista repartidor de comida, quien recibió impactos de bala en ambas piernas mientras circulaba por la Vía Atlixcáyotl. Las lesiones le provocaron secuelas permanentes que le impidieron continuar con su trabajo, afectando directamente el sustento económico de su familia. Este hecho fue el detonante para que la Fiscalía judicializara la carpeta de investigación contra Rafael “Z”, señalado como el presunto “Francotirador de la Vía Atlixcáyotl”.
Durante los seis días posteriores a la audiencia de imputación y antes de la resolución judicial, agentes de la Fiscalía continuaron reuniendo pruebas, incluso regresaron al fraccionamiento Santa Fe, donde fue detenido el empresario durante un operativo de cateo, para recabar nuevos indicios que fortalecerán la investigación.
La Fiscalía no descarta ampliar las acusaciones contra Rafael “Z”, quien además de homicidio en grado de tentativa, podría enfrentar cargos por daño en propiedad ajena, lesiones y ataques peligrosos, delitos relacionados con los disparos que sembraron temor entre automovilistas y motociclistas en esta vialidad clave de la zona metropolitana de Puebla.
Este caso refleja la creciente preocupación por la seguridad y el orden en las principales arterias urbanas, donde la violencia y la inseguridad amenazan la tranquilidad y la movilidad de los ciudadanos. En un contexto donde la ciudad ya enfrenta saturación vial y caos urbano, la justicia debe actuar con firmeza para recuperar la funcionalidad y el orden que los poblanos demandan.
