El fiscal federal de Texas, Aaron Reitz, desmintió ayer la versión oficial del gobierno estadounidense sobre el asesinato del migrante mexicano Lorenzo Salgado, ocurrido en días recientes. Contrario a lo difundido inicialmente por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que acusaba a Salgado de haber golpeado un vehículo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) antes de ser abatido, Reitz aseguró que no hubo tal colisión ni amenaza directa contra los agentes.
Según el fiscal, los oficiales del ICE perseguían a dos hombres guatemaltecos en una camioneta similar a la de Salgado, lo que pone en duda que el mexicano fuera el objetivo principal de la operación. Detalló que cuatro agentes en dos vehículos rodearon la camioneta de Salgado; dos de ellos le ordenaron poner la marcha en Parking. En ese momento, uno de los oficiales estaba “parcialmente dentro de la camioneta o inmediatamente al lado de ella” cuando Salgado intentó dar marcha atrás y avanzar nuevamente.
La versión oficial del ICE, que justificaba el disparo en “defensa propia” tras un supuesto embestida de Salgado contra una camioneta policial, no se sostiene ante la nueva información. La fiscalía no reportó colisión alguna ni lesiones en los agentes, y tampoco identificó al responsable del disparo, ni si era el agente que estaba junto al vehículo.
Este caso se suma a la polémica en torno a la actuación del ICE, que también está bajo escrutinio por la muerte del migrante colombiano Joan Sebastián Guerrero en Biddeford. The Intercept reveló que los agentes involucrados en ese incidente sí portaban cámaras corporales, pero que estas “no podían encenderse”. Funcionarios anónimos de la agencia confirmaron que los dispositivos usados eran micrófonos con cámara inalámbrica Motorola SVX Video, pero que sólo se empleaban para comunicación interna, ya que la función de grabación requiere una suscripción adicional.
La falta de modernización y transparencia en el equipo del ICE contrasta con los anuncios previos de la agencia, que prometió dotar a todos sus equipos de arresto con cámaras corporales. Un contrato de más de 100 millones de dólares para radios inteligentes Motorola está en marcha, pero la adquisición de cámaras corporales sigue siendo limitada. Curiosamente, Axon, la empresa líder en cámaras corporales y fabricante de pistolas paralizantes, recibió una solicitud pública del ICE para un contrato de 220 millones de dólares el mes pasado, justo semanas después de que el expresidente Donald Trump adquiriera acciones de la compañía por 5 millones de dólares.
Estos hechos evidencian la opacidad y contradicciones en las operaciones del ICE, que afectan no sólo la seguridad y derechos de los migrantes, sino también la confianza en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. En un contexto donde la movilidad y el orden urbano son cada vez más valorados, la falta de claridad en casos como este genera incertidumbre y desconfianza en la gestión pública, tanto en Estados Unidos como en México.
