La Fiscalía General del Estado de Oaxaca se encuentra en el ojo del huracán tras confirmarse que vehículos asegurados por denuncias de robo han sido entregados a funcionarios públicos para su uso oficial. Este lunes 14 de julio de 2026, el gobernador Salomón Jara Cruz reconoció públicamente que ha solicitado personalmente a la fiscalía la entrega de estas unidades, muchas de ellas abandonadas hasta por una década, para que los ayuntamientos las reparen y las utilicen como transporte oficial.
El escándalo estalló durante el fin de semana, cuando un usuario de redes sociales localizó mediante rastreo GPS un automóvil que había sido retenido semanas atrás por la Agencia Estatal de Investigaciones. Este vehículo, que operaba como taxi foráneo, apareció con modificaciones en su carrocería y en posesión de un comisionado municipal. A pesar de la intervención de agentes de la fiscalía, se permitió que el funcionario se retirara tras mostrar un documento de depositario, lo que generó indignación y sospechas de impunidad entre la ciudadanía.
Los denunciantes aseguran que este no es un caso aislado, sino parte de un esquema sistemático dentro de la dependencia, y preparan expedientes para presentar una queja formal ante la Fiscalía General de la República, con la intención de que se investigue a fondo a los funcionarios involucrados. En respuesta, la fiscalía local ha iniciado procedimientos internos a través de su Contraloría y Visitaduría General para esclarecer las irregularidades.
En su conferencia semanal, el gobernador Jara defendió la entrega de estos vehículos argumentando que los municipios carecen de recursos para adquirir transporte nuevo, y que su gestión ante el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla busca aprovechar unidades que de otro modo permanecerían en abandono. Sin embargo, esta explicación no ha disipado las dudas sobre la legalidad y transparencia del proceso, ni ha calmado la preocupación ciudadana sobre el destino de bienes asegurados.
Este caso pone en evidencia la fragilidad del orden y la legalidad en la administración pública oaxaqueña, justo cuando la sociedad demanda mayor autoridad estatal y control para evitar que la corrupción siga minando la confianza en las instituciones. La posibilidad de que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación dependerá de que se confirme la existencia de una red de corrupción en el manejo de propiedad privada decomisada, un escenario que podría agravar aún más la crisis de credibilidad en el gobierno local.
